La CUP-G apuesta por impulsar un plan de seguridad laboral

La candidatura de la CUP quiere garantizar el trabajo y el reparto de la riqueza, y eso significa «avanzar hacia un nuevo estatuto de las trabajadoras que aumente el Salario Mínimo Interprofesional hasta 1200€ y rebajar la jornada laboral a treinta horas» ha explicado la cabeza de lista por la circunscripción de Tarragona, Laia Estrada.

La cupaire también ha propuesto que el acceso a jubilación ordinaria sea a los 60 años «para garantizar unas pensiones 100% públicas y dignas». Estrada también ha explicado que la CUP-G apuesta por la derogación inmediata de las contrarreformas laborales de 2010 y 2012, «como camino para defendernos de los despidos, tener contratos estables y salarios dignos.» Además, las anticapitalistas también proponen impulsar una ley de estabilización de las trabajadoras públicas, así como la creación de una banca pública «que permita el acceso democrático al crédito para pymes, autónomos y familias, sin intereses usureros».

La CUP-G plantea todas estas cuestiones para dar respuesta a la situación de pobreza creciente del conjunto de la población. La formación ha denunciado que hay medio millón de personas en paro y, en nuestras comarcas, «hay familias que no pueden garantizar ni tres comidas al día, hecho que alimenta la falta de viviendas dignas y el riesgo constante de desahucios, los sin techo, la falta de trabajo, o una falta de trabajo digno con sueldos que te permitan vivir» ha explicado Laura Aguadé, trabajadora social. Aguadé, explica que hace falta un sistema de Servicios Sociales fortalecido con «un aumento fuerte de recursos públicos, destinados a la población, y un estado real del bienestar social, con una renta garantizada y universal ya» y que hay que poner en el sistema de Servicios Sociales «a la persona en el centro de todas nuestras acciones».

Por último, las cupaires también proponen impulsar un rescate social fundamentado en la Renta Básica Universal, «un ingreso que recibiría el total de la población que reside en el territorio, y se financiaría a través de una reforma fiscal mediante la cual más del 90% de la población catalana resultaría beneficiada», ha explicado Edgar Fernández, número dos de la lista por Tarragona. Fernández ha puesto sobre la mesa que, además, este rescate social implicaría garantizar el acceso a la vivienda y a los suministros «a través de la suspensión de la deuda de las personas que no pueden hacer frente al pago de los suministros básicos de luz, agua y gas».