El gobierno de Tarragona insiste en la redacción del nuevo POUM desde cero

El concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona sostiene que reanudar la tramitación del POUM del 2013 es «jurídicamente imposible» y defiende la necesidad de rehacerlo desde cero. Lo ha hecho después de que el PSC, Junts y Sonia Orts presentaran una moción en el plenario del mes de febrero con la cual hacían suyo un escrito de dieciséis entidades económicas de la ciudad. En este se pedía recuperar la tramitación a partir de la segunda aprobación inicial en que se omitió solicitar el informe sobre hidrocarburos a fin de que la ciudad disponga de un plan de ordenación urbanística cuanto antes mejor. En este sentido, Puig recuerda que «el Tribunal Supremo anuló el POUM completamente, no sólo el acta de aprobación, y por lo tanto es jurídicamente imposible hacer lo que piden estas entidades». Así, el edil de ERC defiende crear un nuevo plan con bases sólidas y destaca que «la razón de aquella moción la cumpliremos con la aprobación de las normas urbanísticas temporales, que siguen previstas para el mes de mayo.»

Además del hecho que reanudar la tramitación del POUM de 2013 no entra dentro del marco legal posible, el concejal del Ayuntamiento sostiene que aquella normativa también ha caducado a nivel social. «Desde este último plan de ordenación hemos vivido crisis económicas con sus consecuencias sociales, se ha disparado la emergencia climática y estamos viviendo actualmente una pandemia, la cual nos hace valorar y repensar los espacios. Todo ha provocado un cambio de contexto y, por lo tanto, la mejor opción es crear un nuevo POUM al servicio de la ciudad con mejoras desde el punto de vista del cambio climático, los espacios naturales, la cohesión social, la movilidad sostenible, la accesibilidad y el comercio de proximidad». Por otra parte, Puig habla de la importancia de actualizar la participación ciudadana en el plan de ordenación urbanística. No obstante, defiende que «todo no significa que tengamos que menospreciar el trabajo del POUM de 2013, aunque no podamos partir de este sí que tendremos en cuenta todo el trabajo hecho e introduciremos mejoras».

Con el fin de evitar la paralización urbanística en Tarragona y salvaguardar el máximo del POUM de hace ocho años, que según Puig es la pregunta de fondo de la moción, el concejal defiende la aprobación de las normas urbanísticas temporales. «Con esta normativa provisional salvamos 70 figuras urbanísticas, como el PMU 14, delante dela escuela Sant Pau y el sector del Nàstic, para complementar la zona de la Vall de l'Arrabassada, y cuatro planes parciales. Estos son el PP10 de Ten Brinke, que genera cohesión y conectividad entre el centro y Ponent, el PP1 de los Quatre Garrofers, que arregla la entrada en Tarragona por la carretera de Valls, el PP30 del PouBoronat y el PP37, en Sant Salvador». En total, las normas temporales evitarán que se detenga la construcción de hasta 11.340 hogares. Una nueva construcción que, según Puig, «se combinará con las políticas de rehabilitación de viviendas». En definitiva, se mantendrá la capacidad de crecimiento porque «el de Tarragona era uno de los POUM más expansivos de toda Cataluña», señala el edil de ERC, que mantiene la esperanza en que estas leyes provisionales estén aprobadas el mes de mayo. En la confección de estas trabajan conjuntamente los técnicos de la plaza de la Font y la Generalitat, que será la que acabará dando luz verde a la normativa temporal.

Paralelamente, con la anulación del POUM sí que desaparecen una serie de planes que no se pueden salvar jurídicamente. Entre estos hay dos que ya no formaban parte de la voluntad política del actual gobierno, el de la Budallera y el de Mas d'en Sorder, de los cuales Puig dice, además, que «ya fueron incluidos en el Plan Director de Suelos No Sostenibles de la Generalitat de Catalunya, es decir, que ya estaban abocados a una revisión».

Finalmente Puig manifiesta que, «si lo que más preocupa a la gente es el calendario, necesitamos normas provisionales rápidamente y un POUM tan pronto como sea posible». Por eso, asegura que «hay que hacer un debate político, donde todo el mundo pueda decir lo que quiere y lo que piensa, pero centrándonos en encontrar mayorías amplias, es decir, que se consigan unas normas urbanísticas definitivas sólidas y estables».