Afrontan cerca de 5 años de prisión por regularizar extranjeros en Tarragona con contratos falsos

Según el fiscal, utilizando estos datos y con la finalidad de obtener una contraprestación económica, las dos mujeres presentaron hasta siete expedientes antela subdelegación con el fin de pedir permiso de residencia y trabajo por arraigo social de personas en situación irregular, simulando contratos de trabajo en los que utilizaban los datos personales y económicos de los clientes de la primera acusada y manipulaban la firma del supuesto empleador.

En uno de estos casos, los trámites culminaron favorablemente en febrero de 2013. En marzo, la primera acusada, haciendo uso de los datos personales de uno de sus clientes, solicitó un cambio de domiciliación bancaria para el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Las abonó ella misma desde su cuenta durante el periodo de tiempo necesario para que la persona extranjera obtuviera el permiso de residencia. El resto quedó sin pagar, de manera que aquellos importes los reclamaron posteriormente al supuesto empleador.

En otro expediente, la primera acusada firmó la documentación y el ciudadano extranjero abonó a la segunda procesada 5.350 euros para la elaboración del contrato de trabajo. Otro individuo abonó 500 euros con el fin de conseguir una autorización de residencia. En ninguno de los expedientes, subraya el fiscal, la persona que constaba como empleadora era conocedora de la supuesta relación laboral, dado que no se llevó a cabo ninguna de las actividades reflejadas en los contratos. Además, se tramitaron las bajas en la Seguridad Social una vez transcurridos los plazos necesarios.

Siguiendo el mismo procedimiento, la segunda acusada, sin que conste la intervención de la primera, tramitó otros quince expedientes. En estos casos, se elaboraron contratos de trabajo firmados por los empleadores en los que se establecía una relación contractual por un periodo de un año con una jornada laboral de 40 horas semanales. Los datos, sin embargo, no reflejaban la realidad de la relación laboral y se elaboraron exclusivamente, subraya la fiscalía, para hacer los expedientes. Al menos dos extranjeros abonaron 4.000 euros por los contratos de trabajo ficticios.

El ministerio público acusa a las dos mujeres de un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que pide 2 años de prisión y 6.000 euros de multa; de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal por el que pide 6 meses de prisión, y de un delito continuado de revelación de secretos por el que pide 2 años y 3 meses de prisión y 4.200 euros de multa. Fiscalia aprecia el atenuante de dilaciones indebidas porque la causa ha sufrido paralizaciones no imputables a las acusadas. El caso llegará próximamente a juicio en los juzgados de lo penal de Tarragona.