La gestión del patrimonio de Tarragona levanta tensiones entre los comunes y la CUP

El modelo del patrimonio ligado al turismo en Tarragona fue ayer, durante el pleno del Ayuntamiento de Tarragona, uno de los puntos calientes del día entre varios grupos municipales. Los reproches tuvieron lugar especialmente entre la CUP, En Comú Podem y el Partit Socialista, en una sesión plenaria marcada por el contexto de la posible ampliación del gobierno municipal tarraconense. La movilidad sostenible y como tiene que ser esta también fue un tema que levantó algunas discrepancias entre Esquerra Republicana y las cupaires, que se encuentran enmendando la propuesta para sumarse al ejecutivo de la plaza de la Font. La sesión también sirvió para aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre la Agència de l'Habitatge de Catalunya y el Ayuntamiento relativo a la Oficina Local d'Habitatge, la modificación de la ordenanza reguladora de la venta no sedentaria en la ciudad o la moción de Ciutadans para implementar un plan local de prevención y salud mental del suicidio.

El consejo plenario del Ayuntamiento de Tarragona celebrado ayer registró algunos momentos tensos entre la CUP y sus posibles socios de gobierno si acaban accediendo, en una sesión que se alargó hasta las cuatro horas. Lo más importante se produjo durante la moción presentada por Junts sobre la conservación y preservación de los mosaicos como aparte del patrimonio y que se aprobó por unanimidad. La CUP, mediante la portavoz Eva Miguel, calificó las mociones de esta materia como «parches ante la falta de estructura grave que tenemos en la gestión del Patrimoni», y criticó que «no se trata de ir haciendo mociones para cada paquete». Miguel pidió que «la agenda de Patrimonisea valiente, solucione problemas graves y no esté al servicio de la explotación turística». El conseller de esta concejalía, Hermán Pinedo, se defendió: «Es una falta de respeto que se diga que nos dedicamos a explotar turísticamente el patrimonio, hacemos un esfuerzo enorme para conservarlo y protegerlo, y Usted lo sabe». Por su parte, la socialista Begoña Floria, quien había sido concejala de Patrimoni, recordó a Miguel que «los municipios no tenemos la capacidad para hacer el trabajo solamente». Floria avisó a la CUP de utilizar el patrimonio como «una herramienta para dividir» y dijo a Miguel que «por mucho que haga puntos para ser concejala de Patrimoni, en el repartono se lo dan».

Los reproches entre Floria y Miguel en cuestiones de patrimonio se alargaron durante la moción para la creación de un proyecto educativo de patrimonio presentada por la CUP y aprobada con 17 votos a favor, 7 en contra –PSC– y las dos abstenciones de los populares. La cupaire recordó que han de «exigir y reivindicar la excelencia de Patrimoni» y matizaba que las críticas iban hacia la acción política y no «apuntando a los técnicos». Por su parte, Floria justificaba el voto negativo y respondía a Miguel: «No se puede aceptar que se diga que la gestión es nefasta y cuestionar que el equipo no trabaja».

Visiones de la movilidad

El crecimiento de la movilidad sostenible también centró buena parte de la atención durante el pleno de ayer. En la moción presentada por la CUP para modificar la actual ordenanza –aprobada con 23 votos a favor y las abstenciones del PP y los concejales no adscritos–, se evidenció que la práctica totalidad de los grupos municipales creen en una movilidad sostenible, pero discrepan como tiene que ser el modelo. La concejala anticapitalista Inés Solé, en referencia a las diversas empresas de patinetes que operan en la ciudad, defendió que «la implementación no tendría que pasar por manos privadas, sino por un servicio público de bicicletas y patinetes». Solé también apuntó que «durante el confinamiento se perdió oportunidad para trazar carriles bici efímeros, como se hizo en otras ciudades».

En este sentido, desde el gobierno, el conseller de Territori, Xavier Puig, contestó que «no comparemos pintar carriles bici que ni vienen ni van a ningún sitio», y detalló que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa hacer campañas formativas para usuarios de patinetes, a la vez que admitió que «tener un permiso de circulación tiene todo el sentido del mundo, pero eso ya depende de la DGT». A pesar de las discrepancias en el como, los grupos municipales coincidieron en actualizarla ordenanza. José Luis Calderón, regidor no adscrito, propuso un «sistema de identificación de los patinetes» para poder identificar conductores que cometan infracciones, y Mario Soler (PSC) recordó que «los patinetes no son para el 100% de la población, pero el autobús sí».