Una deuda de 2 millones de euros de la Generalitat con el Ayuntamiento de Tarragona llega al Tribunal Constitucional

El conflicto entre la Generalitat de Catalunya y varios ayuntamientos catalanes a causa de una subvención para jardines de infancia públicos que nunca se acabó abonando llegará al Tribunal Constitucional. En el caso de Tarragona, el consistorio tenía que recibir 2 millones de euros correspondientes a los cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015, pero la elevada cifra económica no llegó a las arcas municipales. En aquel momento, los jardines de infancia de la ciudad eran gestionados por el gobierno del PSC, por lo que el conflicto judicial se alarga desde entonces y el actual equipo ejecutivo lo ha heredado. La comparecencia del Ayuntamiento de Tarragona en la vista del Tribunal Constitucional –así como definir quién se encargará de la defensa– se tendrá que aprobar al pleno ordinario de mañana, pero el gobierno municipal espera que salga adelante sin mayores dificultades.

El Departamentd'Educacióse sigue resistiendo a hacer efectiva la subvención de unos cuantos años atrás. La deuda con el Ayuntamiento de Tarragona es de 2.184.000 euros. La disputa entre la administración catalana y las municipales llegó en un primer momento al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dictaminó a favor de los ayuntamientos. La Generalitat presentó un recurso de casación y elevó la instancia al Tribunal Supremo, que lo resolvió de la misma manera. Así, la Generalitat solicitó un recurso de ampara el 10 de marzo, hasta el punto de elevar al caso a la Sala Primera del Tribunal Constitucional, por lo que la Generalitat consideraría que se ha vulnerado algún derecho fundamental durante el proceso judicial.

Durante los tres cursos comprendidos entre el 2012 y el 2015, Tarragona contaba con dos jardines de infancia públicos municipales, que entre ambos tendrían que haber recibido una subvención anual «de unos 700.000 euros, dinero que forma parte de un convenio que se estableció con el Departamentd'Educacióde la Generalitat,» recordaba Manel Castaño, actual conseller de Educaciódel Ayuntamiento de Tarragona. Mientras que hace unos años la ciudad tenía dos centros de este tipo de titularidad pública, ahora son once, ya que durante el curso 2017/2018 se llevó a cabo la municipalización de nueve jardines de infancia que disfrutaban de un convenio con el consistorio, por lo que el número actual de centros públicos para niñas y niños durante la etapa previa a la educación infantil es de once.

«Durante tres cursos, en época de la crisis económica, el Departamentd'Educaciódejó de cumplir con los compromisos adquiridos, por lo que muchos ayuntamientos reclamaron por la vía judicial», detallaba Castaño, que no se atrevía a pronosticar cuándo se podía acabar resolviendo el conflicto: «Es imprevisible». Durante aquellos tres cursos, la Diputacióde Tarragona echó una mano al consistorio, ya que abonó unos 200 euros por plaza, mientras que el convenio con la Generalitat estipulaba en torno a un millar y medio.

Cuando menos, la Generalitat empezó a pagar parte de la deuda el pasado octubre: 115.000 euros. La previsión del Departamentd'Educació, según Castaño, sería hacerlo en siete años, pero reduciendo el importe por plaza de los 1.600 euros a los 425. «A pesar de todo, los ayuntamientos hemos sacado adelante las reclamaciones porque creemos que nos corresponde toda la subvención», que sube a los 2,1 millones de euros, tal como recordaba el conseller tarraconense de Educació.