El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona contratará seguridad privada en cuatro centros

El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) contratará personal de seguridad para cuatro de los centros que gestiona en la ciudad. Han sido numerosos los incidentes que han sufrido tanto los trabajadores como los usuarios por parte de otros usuarios, hasta el punto que el organismo se ha visto obligado a empezar los trámites por dotarse de este servicio de vigilancia y control. Los centros conflictivos en los cuales se han producido estas situaciones de tensión e inseguridad y que en las próximas semanas contarán con el personal de seguridad son el local del Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), situado en la calle Riu Llobregat, en Campclar; en el centro de Programas de Atención a los sintecho, en la calle Verge Misericòrdia de la Part Baixa; enel Centro de Servicios Sociales de Ponent, en la calle Gaià de la Granja; y en el Centro de Servicios Sociales Zona Centro, en la Rambla Vella.

En la justificación del contrato se especifica que el motivo por el cual se licita este servicio es porlos «diferentes episodios de vandalismo y de inseguridad que han afectado profesionales y usuarios en determinados centros del IMSST». Además de llevar a cabo la vigilancia de estos lugares en concreto, la empresa adjudicataria también tendrá que cubrir servicios de vigilancia y protección extraordinarios en cualquier otro inmueble municipal que se pueda determinar durante la vigencia del contrato.

Fuentes del organismo municipal apuntaban a DiariMés que, en esta misma línea, son muchas otras las instituciones que también se han visto obligadas a contratar estos servicios de seguridad desde el inicio de la pandemia. Aseguran que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha licitado un contrato millonaria para dotarse de vigilancia en muchas oficinas, de la misma manera que también lo han tenido que hacer algunos departamentos de la Generalitat de Catalunya. Las mismas fuentes explican que los motivos de estos incidentes están plenamente relacionados con la pandemia, por lo cual esperan que sea una necesidad transitoria. Por un lado, las situaciones de inseguridad han sido provocadas, entre otros, por personas que ante las dificultades para hacer gestiones en organismos públicos durante la crisis sanitaria, en las cuales muchas oficinas han cerrado y han tenido que adaptarse al formato telemático, estas han acudido a los centros de los servicios sociales municipales pensando que podrían obtener respuesta a su demanda. Al ver que no era así, se han generado momentos de tensión que han acabado provocando inseguridad a trabajadores y usuarios. Además, las fuentes del IMSST destacan también la complicada situación que vive mucha gente, tanto a nivel de salud como a nivel económico, desde que estalló la pandemia de la covid-19. «Todo es fruto de la desesperación del momento», señalan.

La duración del contrato es de seis meses y el presupuesto asciende a los 72.000 euros y cada centro se dotará con un vigilante que trabajará en horario de oficina, del lunes al viernes de 8 a 15 h.