Sociedad
El Ayuntamiento reclama «herramientas» a las administraciones para abordar la situación de los jóvenes extutelados
El consistorio reclama la reforma del régimen de menores no acompañados después de la agresión a la Part Alta este martes
Una cifra «insuficiente», según el concejal de Seguridad, Manel Castaño, ante el volumen de personas afectadas y la imposibilidad de llegar al conjunto del colectivo. Por este motivo, insiste en la necesidad que todas las administraciones se impliquen de manera contundente en este problema. En el caso de la Generalitat, pide que las negociaciones con los diferentes departamentos implicados se reanuden el antes posible y se destinen los recursos necesarios para hacer frente a esta situación. En día de hoy, Barcelona y Terrassa también participan con el proyecto Techo 360º a través de la asociación Eveho.
Más allá de estas demandas, el gobierno municipal tarraconense cree que «no se tiene que criminalizar este colectivo», por el hecho de disponer de un perfil muy heterogéneo. Apuntan que incidentes como el de este martes por la noche pueden promover una generalización injusta.
Castaño ha afianzado que para hacer frente a la sensación de inseguridad en la Parte Alta, la Guardia Urbana mantendrá el patrullaje a pie, tal como prevé el plan integral de seguridad de la ciudad. La reunión de la Junta Local de Seguridad del próximo día 16 de junio también abordará esta situación.
Este jueves está previsto que todos los grupos municipales traten este caso concreto y el problema conjunto a la junta de portavoces. Previamente, sin embargo, el grupo del PSC, a la oposición, ha emitido un comunicado calificando la situación «de insostenible» y exigiendo «soluciones inmediatas y medidas extraordinarias para acabar con la inseguridad en la ciudad». Una visión compartida con Junts per Tarragona, que también reclama urgentemente más coordinación de todas las administraciones de manera urgente. También apelan al gobierno español a establecer «todos los mecanismos para evitar que los jóvenes queden excluidos del mercado laboral para no condenarlos a depender de ayudas sociales o de la economía sumergida».