La Tabacalera o la antigua prisión de Tarragona podrían acoger macrojuicios

La Tabacalera o la antigua prisión son algunos de los espacios que el Departamento de Justicia y el Ayuntamiento de Tarragona ven como a posible alternativa para la celebración de macrojuicios, ante la falta de espacio en las dependencias judiciales tarraconenses, sobre todo con las medidas de aforo y de distancia social vigentes para evitar el contagio de la covid-19. Hay que tener en cuenta que en estas causas de gran formato, como pueden ser la de Iqoxe y la de Inipro, participan un gran número de personas.

Actualmente, según explicó ayer el presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, durante la presentación de la Memoria de los órganos judiciales de la provincia, estos juicios de gran formato todavía no tienen fecha, «y los estamos retrasando tanto como podemos para ver si se elimina la normativa sanitaria de limitación de aforo, pero tarde o temprano se tendrán que celebrar y, si cuando llega este momento continúan las limitaciones, tendremos que buscar una sala donde poder hacerlos». No obstante, señalaba que «todavía no hay nada concretado ni definido, aunque se ha trabajado más en este sentido durante el 2020 que en los últimos veinte años, por lo cual somos optimistas con encontrar este equipamiento.»

En este mismo sentido, Perarnau consideró que la Ciudad de la Justicia «es el día de hoy una necesidad y una urgencia». El presidente de la Audiencia provincial explicaba que cuando tomó posesión ya defendió que era «una prioridad porque condiciona cualquier otra prioridad». «No podemos hacer una nueva oficina judicial ni un servicio común de notificaciones ni un servicio común de ejecuciones si no tenemos instalaciones y, al día de hoy, con ocho espacios diferentes separados por toda la ciudad, es imposible hacer nada de eso», añadía Perarnau. Con todo, defendió que el Departamento de Justicia ha estado trabajando en esta cuestión, de la misma manera que lo ha hecho el Ayuntamiento de Tarragona, y, «por lo tanto, agradezco a las dos partes el trabajo que en este tiempo han hecho», comentaba el presidente.

Paralelamente, Perarnau habló sobre las medidas adoptadas por parte de la Audiencia provincial para reforzar los órganos judiciales. Con respecto a las secciones civiles, el principal problema que presentan es, por un lado, la entrada de asuntos, que está «por encima del módulo que nos marca en Consejo General del Poder Judicial, es decir, tenemos una sobrecarga de trabajo», decía Perarnau. A pesar de todo, los niveles han sido inferiores a los de 2019. En este sentido, el presidente lamentaba que «esta entrada de asuntos durante años ha generado una litispendencia notable», ya que a finales de año 2020 la sección primera tenía 868 asuntos pendientes, mientras que la tercera tenía 1.375, lo que provoca una dilación de entre medio y dos años de espera para sus resoluciones. Para solucionar esta problemática, Perarnau pidió y consiguió la creación de una nueva plaza de magistrado, que espera que esté operativa a finales de año. Al respecto, todavía no han detectado el aumento que esperaban en unos juzgados de lo social lo bastante saturados y lo asocia al hecho de que los ERTE todavía están vigentes. En este sentido asegura que el colapso llegará.

Por otra parte, el principal problema de las secciones penales es la tardanza en los señalamientos de los juicios, para los cuales hay más de tres años de espera en la Sección Segunda, con 421 juicios pendientes de celebrar, de los cuales, lamentaba el presidente, hay diversos que son macrocausas, que suelen durar más de un mes porque tienen entre 15 y 20 acusados y entre 100 y 150 testimonios. «Mi voluntad es que cada año, cada sección haga un mínimo de dos macrocausas, pero eso supone que mientras se celebren estas la sección no puede hacer otras, hecho que retrasa todavía más el largo retraso que tenemos en la celebración de juicios», comentaba Perarnau. El presidente decía que para paliar esta situación se han diseñado dos tipos de medidas. Una afecta las dos secciones penales, y consiste en dar eficacia a las conformidades. Por eso, se ha elaborado una guía para hacer vistas de conformidad que empezará a funcionar en septiembre. Perarnau explicaba que a estos acuerdos se llega a menudo el mismo día del juicio, cuando ya se ha citado a testigos y peritos. «La idea es que estas conformidades se produzcan antes con vistas específicas donde sólo se citará a los acusados y a las partes», decía al presidente, que añadía que «tenemos muchas esperanzas puestas en esta guía, con la cual se harán cinco vistas cada lunes, y si funciona nos ahorramos hacer el juicio.»

Paralelamente, la Sección Segunda, que es la que presenta más problemas, contará a partir de septiembre con dos magistrados más, y se pasará de cinco a siete, y se desdoblará en dos secciones diferentes. «Con eso esperamos reducir el alto número de juicios pendientes que hay», afirmaba Perarnau.

Con todo, y aunque se han reforzado algunos juzgados con nuevos magistrados y se han mantenido muchos de los que ya había de apoyo, Perarnau lamentaba que sigue habiendo una desertización de jueces titulares, hasta el punto que una de cada tres plazas están vacantes y tienen que ser ocupadas por jueces sustitutos. Y en este caso hay otro problema, y es que la Audiencia provincial ya ha agotado a los recursos de la bolsa de jueces sustitutos de Tarragona y la de Catalunya también lo está. Así, actualmente, si uno de los titulares de los diferentes juzgados de la provincia coge la baja, se queda sin juez. Por otra parte, el presidente comentaba que, a pesar de su propuesta de crear un juzgado de lo Social en Tarragona, otro en Reus y uno de Mercantil también en la capital de la provincia, finalmente no se ha creado ninguno, un hecho que tampoco se ha producido en el resto de Catalunya.

Descenso de los delitos en el 2020

Durante la presentación de la Memoria también se hizo balance de todo en el 2020, un año marcado por la pandemia. En este sentido, Perarnau explicaba que hubo una disminución de la entrada de asuntos en los órganos judiciales, así como un descenso también en la capacidad de resolución de estos. Así, comparando los datos con el 2019, las secciones civiles tuvieron un 19% menos entradas, aunque resolvieron más asuntos gracias a la implantación del teletrabajo. En cambio, las penales, en las que también hubo una reducción del 12%, resolvieron menos entradas al no poder celebrarse juicios durante el confinamiento. En el caso de los juzgados de instrucción, cayeron los delitos un 17,26% y los detenidos un 3,10%, cifras que durante estos primeros meses de 2021 ya están volviendo a los niveles de 2019.

Con respecto a los delitos, concretamente, en el 2019 hubo 53.359, mientras que en el 2020 sólo 44.148. En lo que va de 2021 ya se han registrado 18.188, un 18,32% que los del mismo periodo de 2020. De estos, un 75%, la gran mayoría, son delitos contra el patrimonio, como robos y hurtos; un 14% son delitos contra las personas, entre los cuales hay seis asesinatos u homicidios, mientras que en el 2020 no hubo ninguno; un 6% son contra la seguridad vial; un 1,5% contra el orden público; y, finalmente, un 1% de los delitos de este año son contra la salud pública.