Tarragona pedirá a la Generalitat que regule el precio del alquiler en la ciudad

El Ayuntamiento de Tarragona quiere que la Generalitat de Catalunya limite el precio del alquiler a la ciudad, por lo cual pedirá al Govern que la declare área con mercado de vivienda tensa. Se trata de un trámite, pero que hay que hacer si se quiere llevar a cabo esta regulación. En septiembre del año pasado el Parlament de Catalunya aprobaba la ley para contener los precios del alquiler en zonas dónde hay falta de vivienda asequible y, de hecho, la Agència Catalana de l'Habitatge ya elaboró una lista con los municipios de Cataluña que, por su situación en esta cuestión, podían ser objeto de esta regulación. Además de Tarragona, en la provincia también hay Amposta, Reus, Salou, Cambrils, Constantí, Cunit, el Morell, la Canonja, la Pobla, L'Arboç, Mora de Ébre, Torredembarra, Valls, Calafell, Tortosa y el Vendrell.

Así, en estas zonas, siempre que los ayuntamientos lo pidan, el precio el alquiler quedará determinado en función del índice de la Agència de l'Habitatge. Por un lado, los contratos que se firmen a partir de entonces se tendrán que ceñir al precio/m2 de referencia. Por otra parte, si el inmueble ha sido arrendado por debajo del precio de referencia durante los últimos cinco años, la ley impide que el propietario suba el alquiler. La norma, por lo tanto, obligará a los propietarios a rebajar los precios que están por encima del índice y congelará los que se sitúan por debajo.

De esta manera, el Ayuntamiento de Tarragona se pone manos a la obra y empieza el procedimiento para poder limitar los precios del alquiler en toda la ciudad. Según explica la nueva concejala de Habitatge del consistorio, Eva Miguel (CUP), «enviaremos esta solicitud a la Generalitat para dar cumplimiento a la ley de regulación del precio del alquiler». «Tarragona era uno de los municipios que se consideró que se podía aplicar esta limitación y para poder hacerla efectiva se nos pide tener esta categoría», comenta Miguel, que añade que «tiene que estar aprobado antes de septiembre, cuando ya tendremos que tener respuesta por parte del Govern.»

Los supuestos para poder aplicar la ley, que sólo afecta a las viviendas habituales y no a las segundas residencias, son, en primer lugar, que el área en cuestión experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de toda Cataluña; que el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos habituales de los hogares o de la renta media de las personas menores de 35 años; o finalmente que el precio de la vivienda haya crecido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

Al respecto, la edil cupaire lamentaba que «en muchas zonas de la ciudad tenemos el precio del alquiler muy por encima de la media de Cataluña y esta es la manera de poder desplegar medidas de regulación que son beneficiosas para todo el mundo», y añade que «son leyes sociales que, de manera persistente, los partidos de derechas quieren girar, pero en este caso esperemos que tengan recorrido y se puedan limitar los precios, ya que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y no podemos permitir que las familias lo tengan que costear con un porcentaje tan elevado de sus ingresos.»

Con todo, el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó presentar un recurso contra la ley catalana, eso sí, sin suspensión automática, porque considera que esta vulnera las competencias estatales. No obstante, sigue vigente y así lo hará hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso o haya una norma estatal. La ley 11/2020, del 18 de septiembre, que regula el alquiler fue impulsada por JxCat, ERC, CatECP y la CUP y pactada con el Sindicat de Llogaters.