La fusión de las empresas de Transports y Aparcaments de Tarragona acaba en un nuevo bloqueo

La fusión de las empresas municipales de Transports y de Aparcaments acabó en un bloqueo. Se trata de una situación que se reprodujo por segundo pleno consecutivo en el Ayuntamiento de Tarragona, después de que en el anterior el proyecto de los Consejos de Distrito quedara en un punto muerto. La aprobación de la fusión de las dos empresas municipales tenía que hacerse ayer sin mayor dificultad, y así fue en uno primer momento, ya que primero tenía que pasar por el mismo pleno, pero después también lo tenía que hacer por las juntas generales –formadas por los mismos concejales– y en aquel punto se encalló después de una enmienda del PSC. Todo acabó con reproches constantes entre el nuevo gobierno -ERC, Junts, CUP y Hermán Pinedo- y la oposición -ECP, PSC, Cs, PP y los concejales no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón. Desde el equipo ejecutivo se acusaba la oposición de «bloqueo», mientras que estos reprochaban las malas maneras y la falta de aceptación del gobierno. Así, el consistorio todavía una segunda mitad de mandato con dos bloques todavía notoriamente polarizados, aunque la balanza ahora va a favor de la oposición después de la modificación del ejecutivo.

La fusión entre la Empresa de Aparcaments Municipals de Tarragona (EAMT) y la Empresa Municipal de Transports (EMT) –con la absorción de la primera por parte de la segunda– se aprobó con una amplia mayoría durante el pleno de ayer, ya que todos los grupos votaron a favor, a excepción del PP, que se abstuvo. El consenso entre los grupos fue de felicitar a los técnicos del consistorio por una tarea que se inició durante el segundo de los tres mandatos del PSC de Josep Fèlix Ballesteros. Desde los socialistas, Pau Pérez destacaba que «si ahora tenemos un plan de acción, es porque nos dotamos de un sistema de control que no tenía casi ningún ayuntamiento», aunque admitía que habían «estado tentados de votar en contra por el descontrol del gobierno actual». A ambos lados, se celebraba que la fusión aportaría «eficiencia», término empleado por Eva Miguel (CUP), Carla Aguilar (ECP), Dídac Nadal (Junts) y Jordi Fortuny (ERC). El mismo Fortuny, consejero de Servicios Centrales, decía estar de «enhorabuena por alcanzar casi la unanimidad», ya que era «una fusión que hace tiempo que se estaba moviendo». «Es un salto adelante», remataba al alcalde, Pau Ricomà.

No obstante, las buenas palabras acabaron después del pleno, cuando se celebraron las juntas generales de las dos empresas y que tenían que servir para aprobar la fusión y los balances cerrados el 31 de diciembre, ampliar el objeto social de la empresa absorbente (EMT) y designar y ratificar el nuevo órgano de administración. Este último punto fue el motivo de la enmienda del PSC, ya que defendía que no se podían votar los cuatro puntos al mismo tiempo y pidió suprimir la designación de los consejos administrativos. El secretario del Ayuntamiento, Joan Anton Font, advirtió que «no puede haber sociedad sin consejo administrativo» y que tener que esperar a designar un órgano directivo haría que «el nuevo proyecto se tenga que reponer con los balances del primer semestre de 2021».

La enmienda salió adelante en las dos ocasiones –el proceso se repetía con el EMT y el EAMT– con los 14 votos del PSC, Cs, PP, ECP, Orts y Calderón, uno por encima de la mitad. Desde el gobierno, Ricomà aseguraba que se trataba de «unridículo y un bloqueo históricos», e intentaba evitar el voto de la oposición recordando que «los órganos administrativos se pueden renegociar siempre que se quiera». El alcalde pedía la aprobación y «llevarlo al registro mercantil y después ya hablaremos de composiciones y presidencias», ya que si no se estaba haciendo «un dañodirecto ala ciudad». «Aunque estamos de acuerdo con la fusión, no lo estamos con cómo administran los consejos», razonaba Sandra Ramos. La portavoz del PSC apuntaba que «no hay que hacer pensar que será un desbarajuste, pero les conviene el discurso» y añadía que «no puede ser que todo lo que propone el gobierno es por favores, yla oposición por rabia». «Si hay un retraso es por voluntad del gobierno, hay tiempo a renegociar», decía Aguilar (ECP).

A partir de aquí, los reproches entre ambas partes fueron subiendo de tono. Xavi Puig (ERC) pedía «priorizar los intereses de la ciudad por encima del malestar emocional». Dídac Nadal (Junts) tildaba la situación de un «bloqueo inexplicable de la oposición, autómata y persistente». Elvira Vidal (Junts) expresaba que «ponen palos en las ruedas porque están resentidos». José Luis Martín (PP) avisaba de que «perderán alguna votación más y no por venganza, sino por mayorías». Orts (no adscrita) reprochaba a Ricomà que «cada vez que la oposición vota en contra, nos lo recrimina».

La ruptura de Pinedo con ECP todavía trae cola

El otro punto caliente del pleno extraordinario de ayer llegó cuando se puso sobre la mesa la situación de Hermán Pinedo, ahora consejero no adscrito en el gobierno y considerado tránsfuga por su antiguo partido, en ComúPodem. Su portavoz, Carla Aguilar pedía la aplicación del pacto antitransfuguismo y que «como mínimo tenga el mismo trato que los otros concejales no adscritos». Precisamente, Sonia Orts, no adscrita, recordaba que ella «pasó a dedicación de asistencias» y que eso no figuraba en el decreto que confirmaba la expulsión de Pinedo de ECP. «Hay un trato discriminatorio hacia los otros dos consejeros en situación similar», añadía Sandra Ramos, portavoz del grupo socialista. En contraposición, el alcalde, Pau Ricomà, destacabaque la diferencia era que «Pinedo tiene responsabilidades de gobierno» y que «nadie puede mejorar sus condiciones».