Las nuevas normas de planeamiento urbanístico de Tarragona saldrán adelante

La votación para la aprobación de la normativa de planeamiento urbanístico que tiene que preservar el desarrollo urbano de la ciudad después de la sentencia del Tribunal Supremo, que tumbó el POUM el pasado mes de noviembre, saldrá adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno municipal, PSC y Ciudadanos. Desde el grupo municipal del Partido Popular, por su parte, han anunciado que se abstendrán en la votación.

El consejero de Territorio, Xavier Puig, se mostró optimista sobre la aprobación de la normativa provisional de planeamiento urbanístico de este viernes en sesión plenaria y que tendrá que ser enviada a la Generalitat. Finalizada la comisión de Territori, que tuvo lugar ayer –después de que los socialistas y oposición expresaran dudas sobre la falta de un informe de intervención en lo referente a la sostenibilidad económica–, el consejero manifestó que «la comisión ha ido muy bien» y apuntó que «los grupos han recibido bien las explicaciones».

«La comisión ha ido muy bien, ha servido para resolver dudas que un informe de intervención planteaba», explicó. Puig defendió que en los últimos días «hemos trabajado intensamente para aclarar y resolver dudas». «Hemos ido con todos los informes impecables», señaló el responsable de Urbanismo, que recordó que la tramitación es de carácter urgente y temporal.

«Los grupos han recibido bien las explicaciones», manifestó. Hay una predisposición positiva y favorable del resto de grupos, y pienso que vale la pena dejar el mensaje potente que eso se aprueba con la máxima unanimidad posible. Son las normas para el desarrollo económico y social de Tarragona hasta que no tengamos un POUM, oponerse sería extraño», consideró. «Tengo confianza que todo el mundo dé apoyo», explicó.

El consejero de Territorio también defendió la necesidad de tramitarlo con celeridad para «poder llegar a la comisión de Urbanismo del mes de julio». «Si nos perdíamos todo el mes de agosto, la cosa se podía retrasar», alertó. Puig estimó que la aprobación definitiva de la normativa por parte de la Generalitat podría ser el mes de septiembre u octubre y, de esta manera, podrá sacar adelante el PP-14, el PP-1, el PP-10 y que «se generará vivienda en zonas donde se cohesiona Tarragona». «Frenar eso no tenía ningún sentido», recalcó, apuntando que «ahora se gana tiempo, se puede pasar por la comisión de julio y eso quiere decir que llegará antes a la Generalitat».

La portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Ramos, se mostró crítica en cómo se han desarrollado los hechos, pero dejó claro que votarán a favor de la aprobación de las normas transitorias una vez tuvieron la certeza de que se podía proceder así y porque «no pondremos en riesgo la aprobación de unas normas necesarias para la ciudad». «En ningún caso pondremos en riesgo un tema tan importante para la ciudad, una vez se ha visto que se podía hacer», decía.

Ramos consideró que «el tema es lo suficiente serio para que las cosas se hagan bien», y ha destacado que «el informe de intervención es la muestra más evidente que era necesario que el interventor tuviera tiempo para decir que los estudios se irán haciendo en medida que se vayan desarrollando los sectores». Ramos también ha reclamado que se amplíe la estructura de Urbanismo para poder hacer frente a la tarea que supone la redacción de un nuevo POUM.

La portavoz de Ciudadanos, Lorena de la Fuente, apuntó que su formación votará a favor de la aprobación de las normas de planeamiento urbanístico transitorias porque, con el pronunciamiento de intervención, se ha recuperado la «seguridad jurídica». «Encontrábamos que faltaba una garantía jurídica, faltaba el informe del interventor porque se pronunciaba diciendo que no se lo había podido mirar y diciendo que faltaba un informe de sostenibilidad económica», explicó. «Hoy, como intervención ya ha emitido un informe jurídico, no hemos apreciado ningún tipo de problema, ya está toda la documentación necesaria».

La falta de un informe de intervención sobre la sostenibilidad económica asociado a la aprobación de las normas de planteamiento urbanístico desató el pasado martes una polémica entre la oposición y el Gobierno municipal que motivó la convocatoria de una comisión de Territorio para aclarar las dudas que se generaron.