Tarragona ha registrado un total de 91 ocupaciones desde principios de año

La Guardia Urbana de Tarragona ha contabilizado un total de 91 ocupaciones ilegales desde que empezó el año 2021 hasta el pasado 31 de julio, tal como ha podido saber Diari Més. En estas cifras no se incluyen los intentos de ocupación, es decir, las tentativas sin éxito. Por término medio, son 13 ocupaciones cada mes. Aun así, el pasado julio tan sólo se produjeron dos, por el que las cifras suben el resto del año. La mayor parte de estas se han producido en pisos vacíos –tanto de propietarios particulares como de bancos–, aunque también se ha contabilizado alguna en locales y bajos comerciales, como la que tuvo lugar el pasado mes de abril en la calle Apodaca y que acabó con un desalojo. Las ocupacionesse reparten por toda la ciudad, aunque en algunas zonas proliferan más, como la Parte Alta, la Parte Baja, algunos barrios de Ponente o Sant Salvador. Otros lugares, como Bosques, también han sufrido este año episodios relacionados con las ocupaciones.

«Es un tema importante a trabajar para intentar evitarlas, especialmente las más conflictivas. Queremos dar una respuesta ágil», decía Cristina Guzmán. La consejera de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tarragona y máxima responsable de la Guardia urbana desde junio avisaba las ocupaciones en pisos de propiedad bancaria son más difíciles de gestionar en comparación con las de propietarios particulares. Aun así, el consistorio tarraconense, según Guzmán, hace el posible para ser previsor o para poner remedio: «Quizás a veces es más difícil vehicular el cierre de un piso de un banco, así que ya lo hacemos de manera subsidiaria nosotros y les pasamos la factura». «Cuando detectamos una tentativa, nos intentamos poner en contacto con el propietario con el fin de poner en marcha medidas que impidan la ocupación», razonaba Guzmán.

A veces, las ocupaciones son la última opción a recurrir para personas que no disponen de bastantes recursos para poder pagarse un techo. En este sentido, uno de los otros objetivos es «dar respuesta a las personas sin domicilio a través de Servicios Sociales», indicaba Guzmán. En efecto, este órgano municipal se encarga de las personas desalojadas después de una ocupación, buena parte de las cuales son menores.

Preocupación vecinal

No obstante la estrategia del Ayuntamiento y la Guardia Urbana en materia de prevención, una vez la ocupación ya se ha efectuado, el desalojo corresponde a los Mossos d'Esquadra y sólo cuando existe una orden judicial. «Hasta que la ley no cambie, una persona que ocupa tiene más derechos que el resto, ya que no pagan, y el perjudicado es el amo|dueño del piso», lamentaba Alfonso López. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona discernía entre «los que lo hacen por necesidad y son respetuosos, y los que no respetan la convivencia». Alfonso cree que las ocupaciones este año en Tarragona «continúan a un ritmo acelerado». Un buen manojo|puñado de estas se localizan en Ponent. «Hay zonas conflictivas en todos los barrios, como Torreforta, Riu Clar, la parte alta de Bonavista con tres bloques, Campclar, Buenos Aires o Sant Salvador,» decía López.

El barrio antiguo de Tarragona también ha sufrido episodios de ocupaciones los últimos meses. Manel Rovira, presidente de la Asociación de Vecinos de la Parte Alta, apuntaba a lugares como las calles Granada, Arco de Sant Bernat, Vilarroma, Herreros o la plaza de Sant Antoni. «Hay seis u ocho pisos ocupados», apuntaba. Aparte de criticar la actual legislación, Rovira apuntaba a la responsabilidad de los propietarios: «Si el dueño tiene la casa desocupada, que la tapie. Si hay algún accidente, la responsabilidad última es suya».