Judicial
El exdirector de la Ciutat Residencial de Tarragona se enfrenta a 10 años de prisión por malversación
Fiscalia lo acusa de casarse en el complejo, apropiarse de apartamentos y ofrecer mejores precios en perjuicio de la Generalitat
«Facturaba así por debajo de los precios oficiales publicados anualmente durante el periodo de 2003 a 2006 en la empresa Limonium SCP -en manos del socio-, y durante el 2007 en Allegro&Divertimento controlada por su mujer». «Las reservas que se hacían a través de estas empresas se las aplicaban precios inferiores y se las eximía de la necesaria fianza», dice el fiscal. «El acusado, con propósito de faltar a la verdad, ordenó la creación de un código bajo el cual se registraban las reservas que provenían de las dos empresas».
Así, la facturación y la contabilidad «resultaba alterada» en relación a ingresos y gastos. El acusado también sacó rédito de centros de verano, estancias escolares, cumpleaños y bodas, del 2005 en el 2007. «Puso las instalaciones y el personal de la residencia a disposición de Allegro, que se llevaba el beneficio en vez de generarlo para la Generalitat». Gubert también aprovechó las instalaciones para llevar a término «actos programados» por él mismo, a través de una tercera sociedad, CTAIMA, administrada por la esposa.
De dónde el acusado, sin embargo, sacó más rendimiento económico y que la Generalitat dejó de percibir, fue con la apropiación de apartamentos del recinto, todos ellos situados en el bloque|bloc 8, para su uso privado -uno como residencia, otro como gimnasio y los otros dos vacíos. «Dando instrucciones para evitar laocupación de cualquier otro del bloque 8, quedó totalmente reservado para el acusado, disminuyendo la legítima expectativa de la Generalitat en la obtención de un ingreso que ha sido tasado en la suma de 95.970 euros», recoge el escrito de acusación.
Las conclusiones provisionales remarcan que el acusado se preocupó de destruir los expedientes «en fecha no determinada, pero en todo caso antes del 16 de agosto del 2007, fecha en la cual se dictó la resolución de despido,» cuando la Generalitat tuvo conocimiento de las irregularidades.
Una boda con todo tipo de lujos
A cuenta de la Generalitat, el acusado celebró su boda en el complejo, el 5 de noviembre del 2005. Hizo uso del espacio y del personal, y todos los gastos del banquete, con 200 invitados -niños aparte- fueron a cargo de la administración. «La celebración constaba no solamente de una cena completa -con aperitivos fríos y calientes, primero, segundo, postres, café y barra libre-, sino que los invitados que lo pidieran se podían alojar en la residencia; en las habitaciones había una cesta con fruta fresca, y el desayuno incluido el día siguiente».
Devolver más de 150.000 a la Generalitat
La cena, regalos a los invitados y desayunos del día siguiente se han estimado en un coste de 8.816 euros; las habitaciones ocupadas por invitados, en 1.151 euros; y el uso del salón de actos, en 392 euros. Todo da una estimación superior a los 10.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía reclama que el acusado abone en la Generalitat una suma de casi 110.000 euros; su mujer, cerca de 40.000, y 7.660 euros el socio encausado, para los cuales el fiscal pide, por tráfico de influencias, 7 meses de prisión y una multa de 15.000 euros.