Hace obras para forzar la marcha de unos ocupas y es denunciado por acoso

Unas obras de rehabilitación en el inmueble de los números 5 y 7 de la calle del Hacha, en la Parte Alta, han comportado una doble polémica. Por una parte, según ha podido saber Diari Més, el pasado abril la propiedad habría derribado la escalera interior del edificio por, presuntamente, obligar a marcharse a las familias que vivían allí de forma irregular. Por otra parte, los trabajos en cuestión eran ilegales. La rehabilitación del edificio no se estaba haciendo según marcaba la licencia concedida por el Ayuntamiento de Tarragona. El mes de mayo se ordenó parar las obras, pero en julio el consistorio notificó que los trabajos se habían reanudado sin permiso y los paró de nuevo. A día de hoy, desde el consistorio aseguran que no se han iniciado de nuevo.

El pasado 28 de abril una unidad de la Policía Administrativa de la Guardia Urbana se personó en el inmueble donde se estaban ejecutando las obras al margen de la licencia. En aquel momento, se abrieron diligencias informativas, entregadas a Jutjat de Guàrdia de Tarragona, por un delito de acoso inmobiliario. Presuntamente, la propiedad habría derribado la escalera del edificio cuando todavía había familias viviendo en los pisos y ocupándolos ilegalmente para obligarlas a marcharse. Durante la paralización de las obras, se ordenó el desalojo de las personas el 11 de mayo. Desde el Ayuntamiento también se determinó que las actuaciones suponían un «riesgo para las personas». De hecho, sólo se dejó en la propiedad hacer las medidas cautelares necesarias para evitar el peligro ordenante el desalojo de los ocupantes.

Obras ilegales

La rehabilitación que se estaba haciendo en el inmueble de los números 5 y 7 de la calle Destralno estaba cumpliendo con la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Tarragona el pasado 16 de marzo. En efecto, las obras estaban permitidas, pero no cumplían con las condiciones acordadas. La propiedad estaba llevando a cabo más derribos de los previstos inicialmente. El proyecto pedía acabar con parte de los tabiques, pero no todos como se estaba haciendo. Al margen de lo que decía el proyecto, también se estaba tirando al suelo una maderada del techo y la maderada de escalera de llegada a la primera planta mencionada anteriormente. Además, los escombros no se estaban retirando correctamente, sino que los operarios se estaban deshaciendo del material sobrante tirándolo sin ningún tipo de cuidado por la fachada posterior. Así, los escombros iban a parar sobre unas arcadas medievales. La propiedad también había intentado esquivar la legalidad a la hora de proyectar la rehabilitación, ya que se pedía construir diez viviendas cuando al catastro sólo constan nuevo.

Este último hecho fue el que obligó a paralizar las obras y permitió descubrir todas las irregularidades. Se requirió en la propiedad presentar el proyecto reformado haciendo constar las obras que realmente se estaban llevando a cabo. El 21 de julio, una vez se conoció que las actuaciones se habían reanudado sin permiso, se impuso una primera multa por el incumplimiento de paralización y el Ayuntamiento determinó de nuevo la suspensión. Actualmente, los trabajos continúan parados –a la espera de la modificación del proyecto– y el edificio desocupado.