El gobierno deTarragona llama a la oposición a suavizar la anulación del impuesto de plusvalía

El gobierno de Tarragona ha rogado este jueves a la oposición del Ayuntamiento de Tarragona una reconsideración hacia el «no» a la subida de la tasa de la basura y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El próximo martes se celebrará un pleno extraordinario para aprobar esta medida y el PSC, Cs, el PP, en ComúPodemy los concejales no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón ya anunciaron su negativa en la medida. Con el fin de buscar un consenso, este viernes se celebra una comisión informativa extraordinaria de Serveis Generalsy Govern Obert. La anulación del impuesto de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional ha hecho cambiar por completo la situación, ya que aparte de la bajada de ingresos ya prevista, la pérdida de la plusvalía dejará el consistorio sin ingresar 8 millones de euros. En caso de subir los impuestos, se recaudarían 2,6 millones. Para el gobierno, esta cantidad –aunque no complementaría el agujero que dejará la plusvalía–, serviría para parar el golpe y salvar partidas e inversiones que están en peligro.

Hoy por hoy, el Ayuntamiento de Tarragona podría cubrir las obligaciones contractuales y salariales, que suben hasta los 162 millones de euros. No obstante, con la situación de inflación del 5%, la subida de la energía, la amortización de créditos por valor de 15 millones anuales y la pérdida de varios ingresos –2,5 millones en ayudas relacionadas con la covid-19 o medio millón menos impuestos de la Canonja–, además de la pérdida de la plusvalía, el consistorio tan sólo recaudaría 163 millones. De esta manera, el 1 de enero de 2022 sólo estarían asegurados 800.000 euros para el resto de acciones municipales no obligadas, insuficientes para todo.

El gobierno en bloque ha explicado qué servicios para el próximo año a cargo del Ayuntamiento estarían en riesgo en caso de no aprobarse la subida del 5% de la tasa de la basura y del 3,9% del IBI. «Para hacer un presupuesto que garantice los servicios nos faltan 11,2 millones, y los 2,6 provenientes de los impuestos nos permitiría paliar la situación», explicaba Jordi Fortuny, consejero de Serveis Centrals y responsable de Hacienda del Ayuntamiento. De entre la veintena larga de partidas mencionadas, el ejecutivo ha puesto sobre la mesa diversas de bien sensibles para la ciudad: subvenciones a las entidades vecinales, culturales y deportivas; mejoras urbanísticas de la vía pública; el incremento del parque público de viviendas; la atención domiciliaria; actuaciones de conservación del Patrimonio; el festival Tàrraco Viva; la Cabalgata de Reyes; las fiestas populares; contratos de Comerç y Mercats; el Fondo de Cooperación; la Mostra de TeatreJovee; o el Espai JoveKesse. «El etcétera es kilométrico», resumía Eva Miguel, consejera de Vivienda, que calificaba la situación de «dramática».

El gobierno también ha despachado de la dificultad que supondría no aumentado los ingresos de cara a optar a las subvenciones europeas de los fondos Next Generation. «Sin mejorar los ingresos mínimos necesarios, se dificultaría y retrasaría la obtención de crédito, y eso es mucho grave», avisaba Xavi Puig. El consejero de Urbanismo y Movilidad decía que «nuestra ciudad no se puede permitir no competir con toda la fuerza del mundo para la obtención de los Next Generation, ya que está acondicionado al hecho de que tengamos crédito y podamos avalar la financiación.»

«Pedimos cerrar filas»

El llamamiento prácticamente a la desesperada a la oposición por parte del gobierno marcará este fin de semana y el inicio de la próxima. El reloj corre y el pleno del próximo martes es la fecha límite para subir los impuestos de IBI y basura. «La situación ya era justa hace unos días. Ahora es muy grave», avisaba Fortuny. «Que abandonen los réditos electorales y den oxígeno en la ciudad», decía Dídac Nadal, consejerode Comerç. Por su parte, el consejero de Patrimonio, Hermán Pinedo, pedía «responsabilidad política» en un «momento de consenso y de pensar en la ciudad». «El debate no tendría que ser si actualizamos o no los impuestos, sino como de fuerte será el presupuesto con aquello que tenemos ahora», opinaba Miguel. Por último, Puig recalcaba que «hay solución y ya lo hemos probado en otras circunstancias difíciles: cerrar filas y no sacar réditos».

Cuando el PSC y los Comunes pedían el martes que se utilizara el remanente para tener bastantes ingresos y no tener que subir impuestos, todavía no se conocía la anulación de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional. Este jueves, el gobierno ha detallado que, desde entonces, ya ha habido contactos con la oposición y ha querido cortar de cuajo las posibilidades de recurrir al remanente y esgrimió motivos legales y de imprevisibilidad, ya que la cantidad de este se conocería ya entrar en el 2022 y demasiado tarde para configurar los presupuestos. El ejecutivo municipal también ha reclamado al Estado materializar una compensación económica para todos los ayuntamientos ante la pérdida de la plusvalía.