La oposición en bloque rechaza en un pleno tenso la subida de la tasa de la basura y del IBI

Ninguna sorpresa en el pleno extraordinario que el Ayuntamiento de Tarragona celebró ayer con dos únicos puntos del día: la modificiación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basura y la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. La oposición en bloque votó en contra de la subida de la tasa y del impuesto, con argumentos similares pero con diferente beligerancia. De hecho, la tensión marcó una sesión plenaria llena de reproches.

El primer teniente de alcalde y consejero de Servicios Generales, Jordi Fortuny, quiso convencer a todos los grupos municipales de la importancia de subir la tasa de basura esgrimiendo argumentos como el de la revalorización del precio de la incineración de residuos para el 2022, el incremento de un 8% del canon de la basura|maleza y el incremento de la mancomunidad de los costes de explotación, teniendo en cuenta que lo que se recauda ahora es «sólo el 70% del coste de un contrato desfasado y caro que hemos heredado», en referencia al actual contrato de la basura cuya concesión finaliza en el 2023. Por todo eso, desde el gobierno municipal se proponía un incremento del 5% de la tasa.

Con respecto al IBI, Fortuny hizo referencia al «nuevo ciclo económico que se ha puesto de manifiesto este verano con la subida de la inflación en un 5,5%» así como a otros ingresos que ahora ya no se cobrarán, como los «500.000 euros del IBI del AP-7» y la merma constante de la recaudación de los impuestos ligados a la Canonja. «De los 10 millones de la química que sufrimos y que no disfrutamos hemos pasado a los 1,8 millones y bajaremos hasta cero millones el año 2026», decía Fortuny. Todo eso sumado a lo que se dejará de ingresar por la plusvalía. En este contexto económico «tenemos que actualizar las ordenanzas» y el IBI «es un impuesto que graba la propiedad, no los servicios», argumentaba.

Remanente y plusvalía

Las razones expuestas por Fortuny no convencieron a ningún partido de la oposición ni a los consejeros no inscritos. El PSC centraba su negativa a la modificación de las ordenanzas a debate con su relación con «el incremento de los precios del alquiler», según comentaba la portavoz Sandra Ramos. Esta se preguntaba «¿por qué no hablan de contención de gasto?»y daba prisa al actual equipo de gobierno a trabajar en la licitación del contrato de la basura antes del 2023.

Por su parte, en ComúPodem, de la mano de su portavoz, Carla Aguilar, se mostraba de acuerdo con los socialistas sobre que el discurso del equipo de gobierno «supone un mensaje de desconfianza a la ciudadanía» y explicaba el sentido negativo de su voto porquelas dos ordenanzas a modificar afectan «impuestos con efectos regresivos, no afectan a los que más tienen». Aguilar iba más allá y proponía confiar en que «el gobierno del Estado devolverá lo que se perderá con la plusvalía» y pedía «el uso del remanente una vez esté disponible el próximo año» y que el equipo de gobierno «se ahorre el dinero en otros gastos que no tienen el consenso de la ciudadanía como la Plataforma del Miracle».

Aparte, tanto los dos concejales de Ciudadanos como el PP y los no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón, basaron sus intervenciones en la «sentencia de muerte» que supone la subida de impuestos para las familias y comerciantes, en palabras de la portavoz de ciudadanos, Lorena de la Fuente.

La ruleta rusa del Estado

Los partidos del equipo de gobierno intentaron defender la postura de Fortuny sin éxito. Xavier Puig, consejero de Territorio y portavoz de ERC pidió a la oposición que «sean capaces de dejar los carnés aparte y ser sólo concejales de la ciudad», mientras que recordaba que de estos ingresos dependía un presupuesto que tenía que ser «ambicioso» a la vez que sin presupuesto, «no obtendremos crédito para hacer mejoras ni para poder participar en la carrera por los fondos Next Generation».

Hermán Pinedo, consejero de Patrimonio, describió una situación económica agónica del ayuntamiento: «Sólo nos quedan 800.000 euros para gastos corrientes, aquellas no comprometidas, es decir, el dinero para subvenciones, juventud, actos culturales, para centros cívicos, conservación del patrimonio, fiestas». Al mismo tiempo, se preguntaba «¿cuándo llegará la solución del Estado respecto de la plusvalía?»y también aseguraba que «dejar el presupuesto en la ruleta rusa del Estado es una jugada muy arriesgada». Por su parte, la CUP, defendió que la subida de impuestos «es un recurso de las izquierdas» para hacer frente a los «tres millones de déficit que hemos heredado del anterior mandato», explicaba la portavoz Inés Solé. Solé destacaba que el incremento de la tasa de la basura «sólo suponía un sobrecoste de entre 29 y 68 céntimos en el mes para los hogares tarraconenses».

Reproches y subidas de tono

El portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, protagonizó los momentos más tensos con la oposición, en un pleno que mantuvo una cierta calma enrarecida hasta las últimas intervenciones. Nadal se mostraba «sorprendido» ante las intervenciones porque «todo lo que hemos dicho en el pleno, se ha explicado anteriormente en las comisiones, dónde los técnicos han sido muy claros con respecto al uso del remanente». El consejero de Juntsapuntaba directamente al socialista Josep Fèlix Ballesteros de la actual situación: «Es responsabilidad suya», decía. Acusación a la que Ballesteros respondió: «Señor Nadal, vigile cuando hable de herencia; punto». Nadal también tuvo palabras para el exconsejero de hacienda socialista, Pau Pérez: «Usted habría incrementado los impuestos sin duda». «Han olido sangre y se han entregado», decía.

Este no fue el único enfrentamiento directo del pleno. Eva Miguel Gascón, consejera de Medio Ambiente y Vivienda, acusó a En ComúPodemde tener un posicionamiento con «falta de argumentos sólidos» y acusó al PSC de «poner la alfombra roja para la entrada de la extrema derecha en el ayuntamiento» en lugar «de intentar paliar y la situación».