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Inspeccionarán las viviendas vacías de Tarragona para destinarlas a alquiler social

El convenio entre el Ayuntamiento y la AAgència de l'Habitatge de Catalunya se aprobará mañana en la Junta de Gobierno

Imagen de archivo del edificio.

Desalojan un edificio de la Rambla Nueva por|para el incendio en un pisoGoogle Maps

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El Ayuntamiento de Tarragona y la Agència de l'Habitatge de Catalunya realizará inspecciones en las viviendas susceptibles de estar vacíos en el municipio poder poder destinarlos a alquiler social. Se prevé que mañana, la Junta de Gobierno apruebe el convenio que permitirá un máximo de 50 inspecciones y una dotación máxima de 15.000 euros, con un precio por inspección de 300 euros.

Según la consejera de vivienda, Eva Miguel, «la movilización de viviendas vacías es uno de nuestros principales objetivos, ya que permite aumentar la oferta de viviendas disponibles en alquiler, así como evitar la degradación del casco urbano».

Para desarrollar este convenio, SMHAUSA ha elaborado un plan de trabajo, que consiste en inspeccionar las viviendas vacías que constan inscritas en el Registro de viviendas vacías de la Generalitat de Catalunya, en el que constan 254 viviendas vacías inscritas sin título habilitante.

Inicialmente se inspeccionarán las viviendas que dispongan de cédula de habitabilidad para poder movilizar hacia la Bolsa de Mediación para el Alquiler social, ofreciendo a los propietarios garantías en el cobro de los alquileres, el estado de conservación, la gestión del contrato y la tramitación de ayudas a la rehabilitación y al alquiler. Actualmente constan en el mencionado Registro 33 viviendas con cédula de habitabilidad.

Un técnico de SMHAUSA se encargará de comprobar si la vivienda esta vacía, dispone de contadores de agua y luz y si hay consumo en la vivienda y se recibe correspondencia.

La formalización del convenio comporta el reconocimiento de la posibilidad de iniciar un proceso administrativo de declaración anómala de vivienda vacía con multas o sanciones previstas de entre 9.000 y 900.000 euros, siempre con el ofrecimiento previo de medidas de fomento como las mencionadas anteriormente.

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