Ricomà 'condiciona' el estudio de calidad del aire a la aprobación del modificativo de crédito

El alcalde, Pau Ricomà, afirmó ayer que el equipo de gobierno tiene la voluntad de sacar adelante el estudio sobre la calidad del aire en Tarragona, y que los trabajos se financiarán mediante un expediente modificativo de crédito, dado que los presupuestos de 2022 no han salido a debate porque ERC y sus socios no disponen de mayoría que los apruebe. Ricomà hizo estas declaraciones mientras explicaba las conclusiones del pleno de la química, la cumbre que se hizo el año pasado con la participación de los grupos municipales, entidades vecinales, grupos ecologistas, la universidad y representantes de las empresas químicas. Esta reunión extraordiària se convocó para examinar el impacto que había tenido el accidente en la planta Iqoxe en enero de 2020, que causó tres muertos y ocho heridos.

El anuncio de Ricomà sobre el estudio no implica el acuerdo de los otros partidos presentes en el Ayuntamiento, inmersos ahora en una seria discrepancia sobre la manera de gestionar las finanzas municipales con el presupuesto prorrogado y su oposición al hecho de que todo se acabe decidiendo con los modificativos de crédito. Sin embargo, el documento de conclusiones aprobado por la Junta de Portavoces indica la necesidad de que «se garantice el desarrollo de estudios independientes de la calidad del aire».

Esta medida, largamente reivindicada en Tarragona, ERC y sus socios de gobierno la tenían prevista aplicar este año, con los presupuestos de 2022. Al no poder disponer de este instrumento, Ricomà explicó su idea de financiar el estudio mediante la herramienta de los expedientes modificativos de crédito, «pero eso dependerá de que tengamos el apoyo necesario de los otros grupos». El alcalde añadió que, con el remanente de tesorería que se conocerá el mes de marzo, se dispondría de liquidez suficiente para financiarlo.

Sin embargo, el documento aprobado ayer con el asentimiento de todos los grupos municipales, incluye un pliego de recomendaciones dirigidas a todas las administraciones con competencias en el sector, como «campañas para mejorar la formación, información y prevención en materia de seguridad hacia la ciudadanía», que incluye un sistema de avisos personalizados a los vecinos de Ponent mediante SMS en caso de accidente químico, reclamar «a las empresas del Complejo Petroquímico del Campde Tarragona una mejor comunicación con el conjunto de la sociedad» y, principalmente, el retorno de la gestión del PLASEQTA al territorio, cosa que ya se está llevando a cabo.

Modelo económico

Las conclusiones también remarcan la necesidad «de abrir un debate en torno al modelo económico para el Campde Tarragona que tenga en consideración la diversificación económica», poniendo el acento en el hecho que «la descarbonización es un objetivo global compartido y, en el caso del complejo petroquímico, es absolutamente necesario. El camino está hacia la energía verde, limpia y renovable», en palabras de Ricomà.

Por otra parte, la CUP hizo público un comunicado donde se celebra que «se hayan incluido las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, el aumento de subcontratación, temporalidad, la reducción de la formación y el aumento de ritmos de trabajo», en uno de los puntos que reclama que la Inspección de Trabajo haga comprobaciones cada seis meses en las empresas del polígono para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.

En la CUP, sin embargo, «seguimos teniendo la sensación que no ha cambiado prácticamente nada» después de la explosión de Iqoxe, en palabras de la concejala Inés Solé. La formación independentista reclama «una esmerada fiscalización» de los acuerdos que se han alcanzado entre todos los grupos municipales.