Sociedad
El sindicatos tarraconenses avisan a la petroquímica de que irán «al conflicto» si incumplen los convenios
Cerca de un millar de personas se manifiestan por los salarios dignos y la igualdad en la celebración del 1 de Mayo en Tarragona
En la celebración del 1 de Mayo en Tarragona los sindicatos UGT y CCOO han advertido «que no aflojaráne irán al conflicto» para exigir la subida de sueldos que marcan los convenios de los sectores de la química o de los servicios.
Trabajadores de BASF, Repsol o Covestro han iniciado protestas las últimas semanas porque, como exigía este domingo el manifiesto de los principales sindicatos, también en Tarragona, se tienen que cumplir los convenios que establecen equiparar los salarios al aumento de los precios al consumo.
También se velará para que la modificación de la reforma laboral permita estabilizar los contratos del sector turístico. Cerca de un millar de personas se han manifestado en la Rambla de Tarragona en una movilización festivas, con música y pirotécnicas.
Los dos sindicatos mayoritarios rechazan la propuesta de aplicar un aumento salarial con el porcentaje de la inflación fraccionado en tres años, como ha propuesto Fomento del Trabajo. «El poder adquisitivo se pierde ahora», ha insistido el secretario de UGT. «Frenar los precios y subir salarios, supone frenar las desigualdades», ha añadido la secretaria general de CCOO a Tarragona, Mercè Puig. Puig ha señalado que uno de los sectores más precarios hasta ahora en la demarcación de Tarragona es el turístico. Con la modificación de la reforma laboral, se ha pasado de un 4% de contratos fijos a un 35% y habrá que velar que la cifra aumente y se consolide. «Empieza a haber un cambio, pero no se verá si no se lucha porque muchas empresas nos pondrán palos en las ruedas», ha alertado a Puig.
En la manifestación del 1 de Mayo en Tarragona, también se ha denunciado la especulación de algunas empresas con el salario mínimo interprofesional, que unifican los complementos salariales a los 1.000 euros de sueldo, situación que hace «perder poder adquisitivo a los trabajadores». Los sindicatos seguirán presionando para que se fije en 1.200 euros. También han criticado que las administraciones reclaman competencias de servicios que acaban subcontratando a empresas privadas. «Si quieren asumir las competencias que asuman los servicios, porque si no, las condiciones laborales son precarias», ha recordado Llort.