UGT alerta de que la dispersión de edificios judiciales en Tarragona aumentará

El sindicato de Justicia de la UGT de Cataluña denunció ayer «la vergonzosa gestión que se ha hecho los últimos años con respecto a la ubicación de los juzgados de Tarragona capital» y alerta de que la dispersión de equipamientos aumentará.

Actualmente, los equipamientos judiciales están repartidos en ocho puntos diferentes de la ciudad: las oficinas de la Audiencia Provincial, las oficinas de los cuatro juzgados del penal, el Registro Civil, las oficinas del contencioso 1 y 2 y del juzgado de familia, las oficinas de las salas 1, 2 y 3 del social y el 4, 7 y 8 de primera instancia, las del juzgado mercantil y primera instancia número 6, las oficinas de los juzgados de primera instancia 1, 2 y 3 y, por último, las del juzgado y la Fiscalía de menores.

Según Jordi Giménez, responsable del sindicato de Justicia de la UGT de Cataluña, «el Consejo General del Poder Judicial ya prevé y pide al Ministerio de Justicia la creación de dos nuevos juzgados de Tarragona capital, el Mercantil 2 y el social 4». Teniendo en cuenta que «todos los edificios judiciales están saturados en todos los sentidos y sin espacio del que se pueda disponer –según apunta Giménez-, si se crean estos dos nuevos juzgados que están previstos, se tendrá que fijar un noveno punto de oficinas judiciales en Tarragona, una gran vergüenza. El sindicato denuncia que eso supone un importante problema de desorientación para los usuarios, además de un gasto de alquiler mensual muy elevado.

Jordi Giménez se queja de que «alguien tendría que explicar el dinero que supone para el contribuyente el hecho de tener todas estas sedes judiciales dispersas por la ciudad porque son muchos metros cuadrados de alquiler». Además, añade, algunos de estos edificios no sólo están saturados, «sino que las condiciones en las que trabaja el personal son pésimas, están enganchados los unos a los otros y sepultados por infinidad de expedientes».

Giménez apunta que el año 2007 se hizo un proyecto de nuevo edificio, «un proyecto que, a buen seguro, costó una fortuna y quedó arrinconado». Está previsto que la Ciudad de la Justicia se ubique en la zona del Francolí y que esté terminada el año 2026, una fecha que Gímenez también pone en duda. Es por eso que el sindicato cree que «se está haciendo un mal uso del dinero público o bien una mala gestión política». Esta no es la primera vez que el sindicato denuncia esta situación y, hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Administración.