UGT denuncia la falta de trabajadores y persecución sindical en Les Alzines de Tarragona

UGT ha denunciado al Departament de Drets Socials Sociales la falta de trabajadores en la residencia Les Alzines de Tarragona, así como a Inspección de Trabajo el incumplimiento de los derechos laborales del convenio vigente por parte de la empresa. El sindicato también ha denunciado persecución sindical a cuatro empleadas, dos de ellas delegadas electas del comité de empresa, a las que la compañía ha suspendido de empleo y sueldo durante dos meses con la apertura de un expediente con carácter de falta muy grave. Además, otra empleada habría dejado el trabajo de forma voluntaria a raíz de la presión que habría recibido por parte de la dirección.

Los sindicalistas reclaman al Departameno que asuma su responsabilidad, ya que el 75% de las camas de la residencia son públicas.

Según datos de UGT, la residencia de Les Alzines, que pertenece a la empresa Bastón de Oro, tiene unos 130 usuarios y trabajan una cincuentena de personas. El sindicato ha denunciado que se han vivido situaciones «deplorables» por la falta de personal, ya que ha habido turnos con seis o siete personas trabajando cuando el mínimo necesario - por la cantidad de residentes- es de trece empleados. Esta situación de pocos efectivos también se ha repetido, indican, en el turno de noche. Además, los sindicalistas también han lamentado que los trabajadores se han tenido que mover por las diferentes plantas del centro residencial, incumpliendo los protocolos anticovid.

Ante esta situación, UGT presentó una denuncia al Departament de Drets Socials que hizo una inspección a la residencia con el resultado de la incoación de un expediente sancionador por el hecho de haber detectado infracciones en materia de servicios sociales. En concreto, por la falta de atención de higiene y atención continuada a los usuarios o por los retrasos a la hora de ponerlos en la cama. «Incluso había situaciones que los usuarios se tenían que ayudar los unos a los otros para poder ir a su cama», ha lamentado el secretario general de UGT-Serveio Públics, Enrique Martín.

De hecho, Martín ha explicado que desde la creación del comité de empresa el junio pasado, la plantilla ha sufrido una persecución sindical a raíz de sus reclamaciones en que exigían la aplicación de sus derechos laborales que establece el convenio. Los empleados han reclamado que el pago de las pagas extras se haga a tiempo y forma establecidos en el convenio, eso como el pago de las horas nocturnas o que se consensúe el periodo de vacaciones. Ante la falta de acuerdo, una docena de trabajadoras denunciaron a los juzgados la imposición de las vacaciones.

Según han explicado desde de UGT, tanto el juzgado como Inspección de Trabajo les han dado la razón en la cuestión de la imposición de las vacaciones por parte de la empresa. Con todo, los sindicalistas han denunciado que dos días antes del juicio -28 de marzo de este año-, la dirección abrió un expediente con carácter de falta muy grave a cuatro trabajadoras, dos de ellas delegadas sindicales. «Se trata de una acción intimidatoria y de escarnio», ha afirmado Martín, quien ha asegurado que estos expedientes se abrieron para coaccionarlas.

Desde de UGT han presentado alegaciones en los expedientes y a la espera de la respuesta de la empresa tienen previsto, recurrir, ya que ha supuesto la suspensión de sueldo y trabajo durante dos meses a dos de ellas. Además, el sindicato ha señalado que los expedientes están llenos «de incongruencias», por el hecho que, dicen, la compañía ha imputado faltas a las trabajadoras en días que tenían fiesta o incluso cuando todavía no estaban contratadas. El próximo martes, tienen previsto un acto de conciliación con la empresa, previa a la demanda ante el juzgado.