El 'pistolero de Tarragona' abre un inédito debate del límite en la eutanasia

La eutanasia solicitada por el exvigilante de Tarragona que el año pasado disparó a sus excompañeros y a un mosso ha abierto un debate inédito en España sobre los límites del derecho a una muerte digna, que colisiona con el de las víctimas a ser resarcidas en el proceso penal.

El juzgado de instrucción número 5 de Barcelona acordó la semana pasada dar luz verde a la eutanasia que ha solicitado el exvigilante, quien sufrió una lesión medular tras ser reducido a tiros por la policía cuando se había atrincherado en un masía abandonada, pese a la oposición de las acusaciones particulares que representan a las víctimas a las que disparó.

El hombre, que en la actualidad está en el Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona) en prisión preventiva, está acusado de haber disparado a tres excompañeros de trabajo que, como él, eran guardias de seguridad, y a un mosso.

Según han explicado juristas consultados por Efe, la situación plantea un choque entre dos derechos fundamentales: la eutanasia, entendida como parte del derecho a la vida, y el de las víctimas a la tutela judicial efectiva por un proceso en el que, precisamente, el acusado podría haberles matado.

El abogado penalista y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) Albert Carles Subirats explica a Efe que ni la ley de eutanasia ni tampoco la de enjuiciamiento criminal prevén limitaciones a la muerte digna, y reconoce la complejidad de la cuestión jurídica.

El letrado detalla que la jueza, en su auto, lo que hace es abstraerse del debate y autorizar la eutanasia amparándose en la "dignidad" del acusado, que sufre una lesión medular intratable y cuya situación le provoca un gran padecimiento.

«La colisión de derechos en juego es la misma», destaca Subirats, que señala que la tutela judicial efectiva también protege el derecho a la vida de las víctimas, cuya integridad vieron en riesgo ante el ataque llevado a cabo presuntamente por el pistolero y que, por tanto, merecen el reconocimiento de su dignidad.

«Para equilibrar, cuando tienes un conflicto de derechos tienes que buscar una solución proporcional», explica el letrado del ICAB, que asegura que ésta tiene que ser satisfactoria para resarcir a todas las partes implicadas.

Posibles soluciones

Para Subirats,«lo correcto sería llegar hasta el juicio, hacerlo, y a partir de aquí llevar a cabo la prestación», puesto que defiende que este puede llevarse a cabo en un plazo razonable que, en base a su experiencia como letrado, augura en «un año, año y medio».

Por su parte, el experto en bioética Cristian Palazzi, profesor en la Escuela Gimbernat -adscrita a la UAB-, propone a Efe soluciones «imaginativas» que permitan que esas víctimas vean compensado de alguna manera el ataque a su integridad.

«Hay que responder a las vidas de esas víctimas no tanto en función de cómo respondemos a la vida del presunto delincuente, sino enteramente, íntegramente», defiende Palazzi, que desaconseja que el acusado tenga que someterse a un «ensañamiento terapéutico» que alargue su sufrimiento mientras se resuelve un proceso penal que puede durar años.

El abogado de la sección de derecho sanitario del ICAB Alejandro Gámez mantiene que la decisión se debe tomar con «proporcionalidad», por lo que desaconseja alargar el padecimiento del presunto autor porque el «ensañamiento no compensa la satisfacción que van a obtener» los damnificados.

Además, Gámez destaca que sobre el acusado del tiroteo recae la presunción de inocencia, y que cabe la posibilidad, como en cualquier proceso judicial, que sea absuelto, en cuyo caso se pregunta de qué habría servido el padecimiento añadido.

La ley de eutanasia solo prevé exclusiones en caso de menores o de personas que no tengan capacidad de decidir, cuestión a la que se acoge la jueza que ha autorizado que siga el proceso para el presunto autor del tiroteo.

La acusación del mosso herido en el incidente, que representa el letrado José Antonio Bitos, del sindicato USPAC, pidió al juez que se reconociera «el derecho fundamental a la tutela efectiva de las víctimas», al considerar que tenían derecho «a que se juzguen unos hechos y obtener una sentencia sobre el fondo».

«Un asesino, o presunto en este caso, no puede esquivar ni el juicio ni una condena mediante una eutanasia», de forma que debe ser el juzgado el que acuerde «todas las medidas protección necesarias para evitarlas», según Bitos, que exige que se paralice cualquier acción eutanásica del Hospital Penitenciario de Terrassa.

En su auto, la juez afirma que se «comprende la desazón» de las víctimas con esta decisión, aunque destaca que los damnificados «pueden obtener parcialmente el resarcimiento por otras vías, aunque no obviamente en los términos deseables».