El Ayuntamiento de Tarragona abre 700 expedientes por vados ilegales

El Ayuntamiento de Tarragona ha tramitado un total de 700 expedientes de regularización para legalizar vados permanentes desde que empezó a aplicar el Plan de control tributario, elaborado en el 2021, que detectó que la ciudad tenía muchos menos ingresos en materia de impuestos sobre vados permanentes que otros núcleos de población del mismotamaño o incluso de otros más pequeños. Esta actividad de inspección y legalización no depende de ninguna campaña en concreto, sino que es una competencia municipal que el área de Dominio Público ejerce permanentemente. La búsqueda de los vados sin permiso no tiene, pues, límite en el tiempo.

Hasta ahora se ha procedido a inspecionar 1.200 puntos repartidos por toda la ciudad, quehan dado lugar a700 expedientes abiertos de legalización. De estos, fuentes municipales indican que el 75% se han resuelto positivamente. Según estas cifras, Tarragona cuenta ahora con 525 vados regulares más que antes no estaban declarados.

Efectos retroactivos

Esta situación provocó mucho rechazo e irritación hace unos meses, ya que los vecinos afectados, muchos de ellos de Llevant porque esta zona acumula la mayor parte de los vados permanentes no regularizados de la ciudad a causa de que predominan las viviendas unifamiliares, se quejaban de los efectos retroactivos de las medidas municipales, ya que en aplicación del Plan de control tributario se aplican cuatro años de retroactividad encada deuda, cosa que se hace para evitar que la deuda en cuestión prescriba, de acuerdo con la ley.

Aunque desde el principio los vecinos no descartaran movilizaciones, han acabando aceptando que, como los expedientes se tramitan de manera individual, según el tipo de vado que tiene cada uno, no se puede hacer ninguna acción colectiva contra el pago.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Boscos de Tarragona, Josep Antoni Solé, ha indicado que a cada vecino que viene a quejarse a la asociación se le da un formulario para ayudarlo a presentar un recurso contra el Ayuntamiento. «Pero los recursos siempre los desestiman», explica Solé, «y, entonces, si quieren seguir adelante, es cuando ha deir a los tribunales. Eso les costará los honorarios de un abogado y, si pierden el caso, la cantidad a que los condenen. Si lo ganan, el Ayuntamiento recurrirá para evitar crear un precedente, y la cosa no se detendrá allí. La asociación no puede intervenir», indica.