El caso Inipro ya está en manos del Audiencia Provincial, que tiene que abrir la vista oral, prevista para el 2024
El auto de la jueza instructora, avanzada por el digital elmon.cat, mantiene a nueve encausados, la mayoría vinculados al PSC de Tarragona
Imagen de archivo del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, cruzando la puerta de los juzgados después de declarar como investigado por el caso Inipro el 26 de enero del 2016.
El Audiencia Provincial de Tarragona tendrá que abrir la vista oral por el llamado caso Inipro, que salpica la anterior cúpula política del PSC en Tarragona, después de que la jueza instructora del caso le haya remitido la causa, en un auto firmado el pasado 9 de septiembre. Lo ha avanzado este miércoles por la noche el digital elmon.cat, que también explica que el escrito de la instructora mantiene las acusaciones de delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, con nueve personas encausadas.
Según detalla el digital, recogiendo lo que aparece en la diligencia de la jueza, la fiscalía (y el Ayuntamiento de Tarragona, que también es acusación particular), reclaman una cantidad de 276.000 euros y penas de prisión diferentes según los implicados. Así, se pide una condena de cinco años y ocho meses para el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; cinco años y diez meses para|por Antonio Muñoz y Gustavo Cuadrado; cinco años y cinco meses para Victòria Pelegrín y cuatro años y diez meses para Begoña Floria.
El caso Inipro investiga la presunta desviación de fondos públicos, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) para destinarlos, el año 2010, a una campaña de promoción y acciones destinadas a la mejora de la imagen de Ballesteros.
El caso Inipro llega a la Audiencia después de una larga instrucción y la apertura del juicio oral, según declaraciones del pasado mas de junio el presidente de la Audiencia, Joan Perarnau, no se producirá antes del 2024. Perarnau se lamentaba entonces del retraso «anormal» y «exagerado» que sufrían en el señalamiento de los juicios penales a causa de las cargas de trabajo que tienen.
En este sentido, el máximo responsable de los estamentos judiciales tarraconenses argumentaba que estas listas de espera tan largas producían un escenario, que también se aplicará en el caso Inipro, en que, «sistemáticamente» se tienen que reducir condenas por dilaciones indebidas.
