«Espero que el juicio reconozca la honorabilidad de Ballesteros en el caso Inipro»

El abogado del exalcalde de Tarragona y actual concejal del PSC Josep Fèlix Ballesteros, David Rocamora, calcula que no será hasta finales de 2023 o 2024 cuando se abra el juicio oral por el caso Inipro –por el que hay nueve encausados de la cúpula socialista de la ciudad– después de que se hayan presentado todos los escritos de defensa y la jueza instructora del caso haya remitido la causa a la Audiencia Provincial de Tarragona. Rocamora confía en que, con el juicio, se reconozca «la absoluta honorabilidad de Josep Fèlix Ballesteros». Aunque desde el PSC se ha pedido reiteradamente la máxima celeridad en la investigación, cuándo los encausados se sienten en el banquillo, habrá pasado más de una década de la denuncia de la CUP por la presunta desviación de fondo públicos, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) para destinarlos, el año 2010, a una campaña de promoción y acciones destinadas a la mejora de la imagen de Ballesteros. Este fue a declarar ante el juzgado de instrucción en enero de 2016 y defendió su inocencia en un interrogatorio de más de tres horas.

El escrito de la instructora del caso mantiene las acusaciones de delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, con nueve personas encausadas, según ha adelantado elmon.cat.

Según detalla el digital, recogiendo lo que aparece en la diligencia de la jueza, la fiscalía (y el Ayuntamiento de Tarragona, que se persona como acusación particular), reclaman una cantidad de 276.000 euros y penas de prisión diferentes según los implicados.

Se pide una condena de cinco años y ocho meses para el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; cinco años y diez meses para el exgerente del IMSST, Antonio Muñoz, y la exjefe de gabinete de Ballesteros; cinco años y cinco meses para la exconcejala Victòria Pelegrín y cuatro años y diez meses para Begoña Floria.

Correos electrónicos

Por otra parte, el escrito de acusación de fiscalía, según recoge el digital, muestra una serie de correos electrónicos entre los acusados, contratos y facturaciones que les llevan a concluir una «concertación para gestar un fraude» que consistía en utilizar el IMSST con el fin de adjudicar fraudulentamente a Inipro un contrato para potenciar, supuestamente, el asociacionismo entre la población recién llegada que servía para «hacer clientelismo político a favor del PSC».