El nuevo equipamiento del Barnahus en Tarragona estará en marcha a finales de este año

El nuevo equipamiento Barnahus de Tarragona, destinado a la atención de menores víctimas de abusos sexuales, se pondrá en marcha a finales de año. El servicio, pionero en Cataluña, se trasladará de las instalaciones provisionales actuales a un espacio más amplio, integrado en el complejo educativo de Tarragona. Según el secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud, Alexis Serra, la guerra en Ucrania y la crisis de suministros han retrasado ligeramente las obras, y al mismo tiempo, las han encarecido entre un 20 y un 30% del presupuesto previsto. Desde la puesta en funcionamiento del servicio en el 2020, se han atendido 482 casos de menores y adolescentes que han sufrido violencia sexual. De estos, el 78% de casos ya están judicializados y el 82,5% de las víctimas son chicas.

Tarragona ha sido el punto de partida del servicio Barnahus -casa de los niños, en islandés-, una unidad integrada de atención a niños que han sufrido abusos sexuales o se sospecha que puedan ser víctimas de violencia sexual. De forma provisional, desde el 2020 se atienen a los menores en un equipamiento que es «pequeño» y en muchos casos, con salas que comparten usos. Las nuevas instalaciones, junto a las actuales, permitirán ampliar el espacio y minimizar las posibilidades de contaminar a los testimonios de los usuarios.

El nuevo centro tendrá un aspecto «amigable» y «acogedor» como el de un hogar, con la voluntad de crear un espacio seguro para los niños. Es por eso que las salas estarán insonorizadas para mantener la privacidad de los niños y adolescentes. Cada sala estará decorada con elementos adecuados para los usuarios en función de su edad y necesidades. También habrá espacios adecuados para hacer las entrevistas forenses y de exploración. La sostenibilidad está presente en la construcción, que incluye un sistema bioclimático, placas solares y aprovechamiento de aguas residuales.

La mayoría de víctimas son chicas

Según datos del Departament de Drets Socials, de los 482 casos atendidos en la Barnahus de Tarragona desde 2020, el 82,5% corresponden a chicas. Por edades, los adolescentes entre los trece y los dieciocho años son los más numerosos en este servicio, con cerca de un 63% de casos. Hoy por hoy, ocho de cada diez casos están judicializados. Desde el mes de julio de este año, se han registrado una treintena de nuevos casos que se han atendido desde esta unidad que se basa en el modelo nórdico de atención al menor.

En el Barnahus de Tarragona trabaja un equipo formado por ocho personas; un coordinador, un administrativo y tres parejas formadas por trabajadores sociales y psicólogos. Según el secretario de Infancia, Adolescencia y Juventud, Alexis Serra, la previsión es mantener la plantilla y en un futuro no descartan ampliarla. De hecho, desde el Departamento trabajan para extender el modelo de atención integral a las víctimas de violencia sexual por todo el país, uno por veguería. Entre los anuncios más recientes, destaca el del Consell Comarcal del Baix Ebre, que cederá una parte de los jardines de la sede comarcal de Tortosa. Según Serra, la previsión es que esté terminado como muy tarde en el 2026, tal como marcan los requisitos de las ayudas Next Generation a los que están vinculados estos proyectos.

Extender el proyecto a Cataluña y el estado español

La voluntad del Gobierno es extender el modelo de éxito de Tarragona al resto del país, con una Barnahus en cada veguería, hasta llegar a las trece instalaciones. Ahora bien, este caso también puede servir de ejemplo a otros puntos del estado español, tal como ha remarcado la directora general de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, Lucía Losoviz en el marco de una visita a Tarragona este jueves por la mañana. A la vez, también se ha añadido una delegación del Consejo de Europa, que está elaborando un estudio para ver como implementar este modelo de atención integral en los próximos dos años y al mismo tiempo, analizar qué cambios legislativos hacen falta para prevenir estos casos de violencia sexual a menores.