Se produjeron 1.304 desahucios en Tarragona en el 2021, 265 más que en 2020

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña, AICEC-ADICAE, ha denunciado el fuerte incremento de lanzamientos y desahucios de viviendas registrados en los juzgados de primera instancia de Cataluña y ha reclamado «una moratoria legal efectiva» para frenarlos. Según esta asociación, los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias aumentaron un 65,20% en 2021, mientras que los desahucios a partir de la ley de arrendamientos urbanos lo hicieron un 59,8% con respecto a 2020.

Por provincias, Barcelona registró en el 2021 un total de 3.585 desahucios enfrente de los 2.969 de 2020; en Tarragona se produjeron 1.034 (769, en el 2020); en Girona, 914 (625, en el 2020); y en Lleida, 315 (253, en el 2020).

En un comunicado, ha planteado la necesidad de «una auténtica y efectiva moratoria legal» y la elevación de rango del llamado código de buenas prácticas, así como más medidas de «control y supervisión» de la actuación de la banca para hacer frente a esta alta conflictividad vinculada con el derecho a la vivienda.

AICEC-ADICAE ha instado a aprobar una moratoria de al menos tres años, así como medidas para proteger a los consumidores que tienen especiales problemas para pagar la hipoteca en el actual contexto de alta inflación y subida de tipo de interés. La organización ve «manipulado» y «interesado» el actual debate sobre las medidas que mezcla la banca para intentar proteger a los consumidores más vulnerables.

La asociación de usuarios de banca asegura que, en la práctica, «la banca sólo aspira a evitar la adopción de medidas reguladoras que den una respuesta eficaz a los problemas a los cuales se enfrentan unas 350.000 familias». «Dejar las medidas de respuesta a los riesgos hipotecarios en manos exclusivamente de la banca no es una opción», ha aseverado al presidente de la asociación, Manuel Pardos.

Para AICEC-ADICAE, la situación se agrava en Cataluña cuando, después de pasar por una ejecución hipotecaria o una dación en pago, «las familias vulnerables que consiguen un contrato de alquiler ven cómo se les acaba y la entidad financiera o los fondos buitres de turno no quieren renovar su contrato».