Fiscalía de Tarragona presentará un recurso para impedir rebajar una pena por abuso sexual

Fiscalía de Tarragona presentará un recurso de casación al Tribunal Supremo ante la petición de revisión de una condena por abuso sexual a un menor el año 2015. La Audiencia condenó al autor de los hechos a dos años y seis meses de prisión en el 2018 y, ahora, con la nueva ley de «sólo sí es sí», ha rebajado medio año esta pena. En una entrevista a ACN, la fiscal jefe, María José Osuna, considera que no es procedente la reducción de la pena porque afirma sería la misma con la nueva normativa. Desde la aprobación de la nueva ley, ha llegado a los juzgados otra petición, que queda a la espera del informe del ministerio fiscal, y cuatro más están pendientes de registro. Con todo, Osuna prevé recibir bastantes más casos en las próximas semanas.

Según Osuna, la fiscal emitió un informe negativo a la petición de rebaja por un caso de abuso sexual a un menor el año 2015. «La Audiencia ha dictado un auto ordenando la revisión y ha quitado seis meses de prisión, nosotros hemos preparado recurso de casación porque consideramos que este caso no se beneficia de la nueva ley», ha afirmado la fiscal jefe. Ella ha explicado que la pena que se impuso el año 2018 es la misma que se tendría que decretar en el caso de revisión de la condena. «Creemos que ha sido un error de valoración, nosotros defendemos eso, pero bien, el tribunal puede pensar lo contrario», ha añadido.

La fiscal jefe ha pedido a los fiscales de la Audiencia de Tarragona que hagan los informes siguiendo las directrices del decreto emitido por la Fiscalía General del Estado con el fin de unificar criterios. Aunque señala que no pueden prever si les llegará un alud de procedimientos, Osuna sí que cree que se abrirán «bastantes» procedimientos de revisión a raíz del nuevo marco normativo. Por ahora, hay otro caso pendiente de la valoración del ministerio fiscal y cuatro más a la espera de registro. Al mismo tiempo, ha apuntado que desde la fiscalía estudian la posibilidad de abrir casos de oficio, más allá de las demandas de los abogados defensores.

«La ley sale con una voluntad de protección evidente, integral, y querían que la distinción entre agresión sexual y abuso desapareciera», ha valorado Osuna. A pesar de la controversia surgida por|para el hecho de que las penas mínimas sean más bajas con respecto a la anterior ley, la fiscal jefe ha subrayado que la intención no era «favorecer» a los agresores sino todo el contrario. A modo de ejemplo, ha explicado que en el caso de una violación con violencia e intimidación, el artículo 179 del Código Penal antes dictaminaba uno mínimo seis años y un máximo de doce de pena. «Ahora, la mínima es más baja, por lo tanto, desde el punto de vista de la pena en abstracto es más favorable y, si lo es, lo tienes que aplicar retroactivamente», ha indicado.

«En el caso de una agresión con violencia e intimidación, la pena que solicitaría es de siete años en lugar de la mínima de cuatro, pero no podré cuestionar que el tribunal decida la mínima; hay unos efectos de esta voluntad de protección que quizás no han salido como querrían», ha remachado. «Si te han puesto doce años por|para un tipo agravado y resulta que a la nueva ley este mismo tipo sólo prevé como máximo diez años es evidente que tienes derecho --a la revisión--, hay una diferencia de dos años, pero hay casos que no», ha remarcado. Por esta razón, considera que no se tendrían que revisar aquellas condenas que con la ley de «sólo sí es sí» estarían en el mismo margen de años penados.