El PSC acusa al gobierno de Tarragona de bloquear el debate del caso de las cooperativas

La portavoz del grupo municipal del PSC, Sandra Ramos, acusó ayer el equipo de gobierno, conformado por ERC, Junts y la CUP, de bloquear en la sesión del comité de ética el debate de caso de la adjudicación de contratos menores en tres cooperativas –El Far, L'Escamot y Gamlab- que los socialistas consideran que son afines a la entidad anticapitalista.

Ramos declaró que se está politizando el comité y denunció que este se está utilizando de manera «partidista», unos argumentos que dan a los socialistas, según dijo, «más motivos para llevar las informaciones a la Oficina Antifraude». La portavoz del PSC aseguró que les habían avisado de que el tema no se trataría en el orden del día del comité de ética, pero quiso poner el caso sobre la mesa en el turno de ruegos y preguntas. Ramos consideró que era «extraño» que se necesite «dilatar el tratamiento del tema para recaudar más información». «Sospechamos que la información que se quiere recoger no tendrá nada que ver con el esclarecimiento de si los hechos denunciados suponen una vulneración del código ético, sino que será un contraataque al PSC», concluyó.

División entre la oposición

El resto de partidos políticos de la oposición se había mantenido, hasta ahora, en silencio sobre la cuestión de los contratos menores. Desde En Comú Podem, se pide «que se respete a las cooperativas», pero también que se aclare todo con la máxima transparencia por parte del gobierno.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lorena de la Fuente, califica el asunto de «lucha interna entre el PSC y la CUP». «La CUP siempre ha atacado al PSC por el caso Inipro y ahora los socialistas contraatacan», señala. Además, añade que antes de hacer acusaciones «se tienen que hacer investigaciones para exigir responsabilidades». «Primero de todo, prima el derecho a la presunción de inocencia», concluye.

Además, el portavoz del PP, José Luis Martín, considera que la situación que se ha creado es «lamentable», ya que «la CUP venía a dar lecciones de transparencia y a levantar alfombras, pero se han quedado sentados sobre estas». Martín comenta que se vetó hablar del tema, cuando considera que se tendría que tratar en el comité de ética. «No sé de qué tiene miedo el equipo de gobierno», asevera.

El origen de todo

Ramos afirmó a mediados de noviembre que desde la entrada de la CUP en el gobierno, las tres cooperativas señaladas habían multiplicado por doce su facturación con el Ayuntamiento, hasta llegar a los 125.398,35 euros, mientras que entre julio del 2019 y junio del 2021 tan sólo habían facturado 10.059,18 euros con once proyectos municipales.

El portavoz del gobierno, Manel Castaño, respondió que dos de las cooperativas se crearon en los años 2020 y 2021, de manera que el salto era «normal». Asimismo, calificó las acusaciones de «juego sucio». Castaño compareció en rueda de prensa acompañado de los consejeros Inés Solé, Hermán Pinedo y Elvira Vidal, demostrando unidad en el gobierno.

Solé, consejera de Cultura y miembro de la CUP, aseguró que no hay ningún militante anticapitalista enlas empresas y afirmó que no se está cometiendo ninguna irregularidad. También consideró que se trata de una «revancha» del PSC por la proximidad del caso Inipro.

Asimismo, apuntó que El Far, L'Escamot y Gamlab colaboran con otros consistorios, como el de Reus y el de Cambrils, donde la CUP no forma parte del gobierno, en respuesta a la acusación del PSC que la situación se repite en municipios en los que los anticapitalistas están en el poder.