Antifraude archiva el caso de la venta de entradas de los Juegos Mediterráneos

La Oficina de Antifraude ha decidido archivar el caso de la venta de entradas de los Juegos Mediterráneos, celebrados en el año 2018. La Asamblea Local de la CUP de Tarragona denunció el pasado verano presuntas irregularidades y envió la documentación a la entidad.

La formación política señalaba como posibles responsables a Josep Fèlix Ballesteros, Javier Villamayor, Víctor Sánchez y Salvador Caamaño, aparte del Ayuntamiento de Tarragona y Sociedad Civil Catalana. Después de meses de evaluación previa de verosimilitud para descubrir si podía haber mala praxis, Antifraude no ha encontrado indicios para abrir una investigación o poner el caso en manos de la justicia. La CUP, tal como expusieron sus miembros, consideró que existían bastantes elementos para denunciar el caso. Por una parte, apuntaba que Sociedad Civil Catalana (SCC) había tenido acceso al sistema de venta de entradas, aunque no cumplía con los requisitos para formar parte de la venta anticipada, reservada a comités olímpicos nacionales y patrocinadores. Tal como señaló Gemma Vendrell, miembro de la Asamblea Local de la CUP, SCC compró 229 entradas.

Por otra parte, la formación política apuntó que el número de invitaciones para asistir a ceremonias y pruebas deportivas triplicaba el de las entradas vendidas. En concreto, se habrían regalado 60.950 entradas y se vendieron 28.940, según manifestó, «sin tener constancia a quién se regalaron y bajo qué criterios».

Aparte de SCC y su presidente, Salvador Caamaño, la denuncia iba dirigida también al alcalde en aquel momento, líder socialista y presidente del comité organizador, Josep Fèlix Ballesteros; el concejal encargado de los Juegos Mediterráneos, Javier Villamayor; el coordinador adjunto de los Juegos, Víctor Sánchez; y el mismo Ayuntamiento de Tarragona y Loterías del Estado.

Uno de los acuerdos del actual equipo de gobierno, formado por la CUP, Esquerra Republicana y Junts per Tarragona, fue realizar una auditoría de cumplimiento y retorno social de los Juegos Mediterráneos, aparte de hacer públicos las cuentas. La CUP defendía que, aparte del despilfarro de dinero público y la instrumentación del acontecimiento a favor de los intereses españolistas, en los Juegos hubo opacidad por parte del gobierno anterior, liderado por el PSC, y mala praxis en varios aspectos.

La celebración de los Juegos Mediterráneos del 2018 generó mucha polémica a escala política y social. Las dificultades presupuestarias, la falta de transparencia, la falta de público o el papel del ejército español han sido algunos de los puntos de crítica en los últimos años hacia la gestión del acontecimiento.