ECP lanza un ultimátum al gobierno de Tarragona para abstenerse en los presupuestos

Las negociaciones han entrado en el tiempo de descuento. Esta mañana, el Ayuntamiento de Tarragona votará si aprueba inicialmente las cuentas del 2023, pero no será hasta el último minuto que se conocerá si cuentan con los apoyos necesarios para proseguir.

Una de las incógnitas recae en la decisión de En Comú Podem (ECP). La portavoz del grupo municipal, Àngels Pérez, lanzó ayer un «ultimátum» al equipo de gobierno con el fin de facilitar su abstención y, de esta manera, poder desencallar los presupuestos. Pérez expresó que, después de muchas horas de conversaciones, al mediodía todavía no se había llegado a buen puerto. Por este motivo, los comunes optaron por plantarse y plantear 30 condiciones sine qua non para evitar que voten en contra de las cuentas. «O todas las propuestas son aceptadas o no facilitaremos el trámite», remarcó la portavoz, que añadió que, durante los días de negociaciones, ya se habían rebajado algunas de las pretensiones iniciales.

ECP exige que se incrementen las partidas destinadas a las consejerías de Cooperación, Memoria Histórica, Feminismos, Juventud y Centros Cívicos. El aumento más notorio recaería enCooperación, que, según la propuesta de los comunes, pasaría de los 200.000 euros previstos a 480.000, previendo una suma de 180.000 euros procedente del remanente.

Con todo, Pérez envió un «mensaje de tranquilidad a la ciudadanía». Reconoció que la ciudad necesita «un revulsivo» para «recuperar el color, la alegría, y volver al contexto de antes de la pandemia». Para conseguirlo, aseguró que seguirán negociando con el equipo de gobierno «hasta el último minuto» –el Consejo Plenario empezará a las 9 h. – para intentar llegar a un acuerdo. «Los ciudadanos nos pagan el sueldo a los responsables políticos. Es nuestra obligación debatir», señaló.

Los comunes también pidieron reforzar las inversiones en cuestiones sociales. En concreto, solicitaron destinar 500.000 euros a la compra de diez viviendas sociales y añadir 230.000 euros al dinero presupuestado para la rehabilitación de inmuebles. Asimismo, reclamaron que se destinen 300.000 euros a la mejora de las escuelas y 300.000 más al fondo de cooperación.

Respecto de los equipamientos públicos, pidieron que se incremente en 200.000 euros el presupuesto de parques y jardines para garantizar un buen mantenimiento y destinar 500.000 euros a un plan de asfaltado de las principales arterias de la ciudad. En esta línea, instaron al Ayuntamiento y al Estado a acelerar el acuerdo para el traspaso del tramo de la N-240 que conecta a Sant Salvador con el centro.

En el ámbito del medio ambiente, solicitaron que se suba en 150.000 euros la partida destinada a mejorar el Centro de Recogida y Acogida de Animales y que se recupere la playa para perros en una ubicación diferente de la playa del Miracle, que esté habilitada todo el año y que no corra el riesgo de desaparecer en caso de temporal. Además, el grupo municipal recogió algunas propuestas que el equipo de gobierno ya tiene sobre la mesa, como la mejora del alumbrado del Parc de la Ciutat o la instalación de lavabos públicos en puntos concurridos.

Adicionalmente, el pliego incluía peticiones no relacionadas con partidas presupuestarias. Por ejemplo, buscaba el compromiso por parte del gobierno a constituir una comisión para elaborar una nueva tasa de la basura, poner a disposición de la Generalitat un solar municipal para construir una residencia para personas mayores, ubicar en la Tabacalera un espacio de memoria dedicado a la lucha obrera de las mujeres y habilitar un ascensor paralelo a las escaleras mecánicas que conectan la calle del Vapor con la del doctor Zamenhoff.

Sin margen de maniobra

Estas condiciones se suman a los tres puntos «inamovibles», en palabras de Pérez, que ECP ya anunció previamente y que son líneas rojas que, en caso de traspasar, provocarían el voto contrario de la agrupación. Estas demandas eran congelar el precio del billete sencillo o, en caso de subirlo, que sea como máximo diez céntimos, crear un fondo de contingencia social para la movilidad, dirigido a personas con dificultades económicas para adquirir los títulos de transporte, y aprovechar la medida del Gobierno estatal de bonificar con un 50% los abonos del autobús.

El equipo de gobierno no tiene casi margen de maniobra para la votación de los presupuestos. PSC, PP y Cs ya anunciaron que votarían en contra, siendo las subidas de precios los principales elementos de discordancia, mientras que los concejales no adscritos, Sònia Orts y José Luis Calderón, se reunieron ayer para concretar el voto.