Diari Més
Eva Miguel

Portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona y consejera de Vivienda Social y Medio Ambiente

Política

«El PSC, por la desesperación de no encontrar nada contra la CUP, se inventa cosas»

Eva Miguel hace balance de los acuerdos de gobierno y analiza los objetivos de la CUP y el cruce de acusaciones entre su partido y los socialistas

Les polítiques d'habitatge social són una de les prioritats per a la CUP, segons exposa la portaveu.

«El PSC, por la desesperación de no encontrar nada contra la CUP, se inventa cosas»Gerard Martí

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— ¿Qué objetivos persigue la CUP en el final de mandato?

— Los objetivos se encuentran en nuestras tareas de gobierno. Por ejemplo, continuar con las políticas de vivienda, que gracias a la aprobación de los presupuestos hemos consolidado partidas que permiten entenderlas desde una faceta social. Tenemos medio millón de euros para ampliar el parque público de vivienda, que ya hemos conseguido comprometer, y ejecutar dos millones que tenemos de partidas anteriores. También sacaremos la segunda convocatoria de ayudas a la rehabilitación para que los pisos en cuestión se puedan destinar a la bolsa de mediación, la cual permite poner a disposición de la ciudadanía alquileres más asequibles y por debajo del precio del mercado privado.

— En este sentido, ¿se sigue buscando un acuerdo con la Sareb para obtener pisos y poder gestionarlos desde la administración local?

— La Sareb tiene un parque de vivienda bastante amplio y en diferentes conversaciones hemos intentado llegar a un convenio que permita al Ayuntamiento tener a su disposición pisos que ahora mismo están vacíos o que la gente que vive está en situación de vulnerabilidad. Estos convenios, la Sareb los ha podido firmar con otros municipios y nosotros, hasta el momento, no hemos sido capaces porque hemos encontrado una negativa por parte suya.

— ¿Por qué?

— Está potenciando la faceta comercial y no la social. Recordamos que la Sareb, en gran parte, es pública y se tendrá que liquidar en los próximos años, por lo cual no tenemos la certeza de quépasará con estos pisos ni tenemos respuesta del Estado sobre sus intenciones una vez se liquide. Trabajamos el máximo posible para abrir aquellos que están vacíos e intentar blindar a la gente que vive allí. Seguimos negociando para llegar a un acuerdo y analizamos las propuestas que se nos ponen sobre la mesa. Nos ofrecen la posibilidad de comprar pisos que a la Sareb no leinteresan, lo cual nos parece bastante perverso.

— Con respecto a los acuerdos que firmaron cuando entraron en el gobierno, ¿se han podido cumplir?

— Firmamos un acuerdo bastante ambicioso. Éramos conscientes de que no llegaríamos a materializar todos los puntos, pero al menos necesitábamos que la maquinaria empezara a rodar para que acabaran siendo una realidad. Muchos de estos acuerdos se han alcanzado, otros están muy maduros, otros se han empezado a trabajar y otros no los hemos podido ejecutar. Venimos de un año de presupuestos prorrogados, de inflación y todas las consecuencias económicas que ha tenido. Había partidas que se habían programado en el presupuesto de 2021 que al final no pudimos sacar adelante.

— ¿Qué inversiones eran?

— Abrir una oficina de asesoramiento para que la gente tuviera un punto referencial en la ciudad para cualquier cuestión de vulneración de derechos. Se tenía que acondicionar un espacio, se tenía que poner personal y hacer toda una serie de cuestiones que no se han hecho. Es un acuerdo que no se ha podido materializar, ya que no se han tenido los recursos necesarios. Es uno de los puntos que nos sabe más mal que no se haya salido adelante.

— Recientemente, la Oficina de Antifraude de Cataluña decidió archivar el caso de la venta de entradas a los Juegos Mediterráneos. Sin embargo, en la resolución indica que Sociedad Civil Catalana sí que había tenido acceso al sistema de venta. ¿Cómo valora eso?

— Constata todo la que se ha denunciado de manera pública a través del medio Porta Enrere y que acredita que los hechos sucedieron. También se dice de manera literal que hubo una mala gestión de un acontecimiento que carecía de interés público. De aquí la poca participación de la población. Son frases muy contundentes. Después se nos dice que, debido a la falta de información y a la limitación de las competencias de la Oficina de Antifraude, no se puede seguir estirando el hilo.

— ¿Cree que se puede seguir investigando el caso?

— Hemos llevado la resolución a la secretaría del Ayuntamiento para que los servicios jurídicos lo analicen y nos digan qué recorrido puede tener. Hay una frase de la resolución que dice que el Ayuntamiento no había proporcionado documentación que se lehabía requerido. Tuvimos una reunión con el resto de equipo de gobierno y con el gabinete de alcaldía donde se nos facilitó todas las idas y venidas y los correos electrónicos que se fueron facilitando en cada momento a Antifraude. No se ha facilitado nada más porque la documentación no existe, lo cual denota el desbarajuste que había en torno a lo que pasaba con las entradas.

— Este asunto es otra de sus desavenencias con el PSC, que recientemente ha denunciado que desde que están en el gobierno «han beneficiado a cooperativas afines».

— El PSC ha intentado atacar a la CUP y, de rebote, ha cargado contra unas cooperativas de una manera despreciable. No entendemos esta cacería. Nos consta que se ha estado pasando un listado de nombres de personas que, en teoría, tienen una afiliación de militancia con la CUP, lo cual es incierto. Se está persiguiendo gente por su ideología política. Además, la mayor parte de las contrataciones ni siquiera están vinculadas alas áreas que lleva la CUP. Y son cooperativas que, cuando estaba el PSC en el gobierno, ya trabajaban con el Ayuntamiento. Y otros no trabajaban porque son de nueva creación, entonces claro que se ha multiplicado su facturación, porque antes era de cero. No entendemos el ataque y se está haciendo un perjuicio hacia profesionales que sacan adelante proyectos de interés público.

— ¿Yqué explicación encuentra en que se hagan estas acusaciones si, según comenta, son sin motivos justificados?

— No han encontrado nada para atacar la gestión de la CUP. Deseaban que no fuéramos capaces de hacer las cosas bien estando en el gobierno y que existiera una confrontación interna entre los partidos que lo formamos. Ante la desesperación de no encontrar nada, se inventan cosas.

— La CUP también ha denunciado casos que afectan directamente al PSC. ¿Creen entonces que se trata de una venganza?

— Evidentemente, hay una vendetta política. Y es coincidente con el tiempo con fases del procedimiento de Inipro y con el caso de las entradas de los Juegos Mediterráneos. Eso denota rabia de un partido en el cual sus vacas sagradas se sentarán en un banquillo de los acusados por un listado de delitos que presuntamente hicieron, recordamos, para meter la mano en las arcas de Servicios Sociales para promocionar una campaña política del señor Josep Fèlix Ballesteros [exalcalde de Tarragona].

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