Tarragona interpone 452 sanciones en el 2022 por lanzar residuos fuera de lugar

452 es el número de sanciones que interpuso el Ayuntamiento de Tarragona durante todoel 2022 por lanzar residuos fuera de los lugares habilidades. Además, desde el 2020, cuando se creó un grupo específico para perseguir los vertidos incontrolados, estos se han reducido drásticamente. En el 2022, hubo una decena de multas por los considerados graves, mientras que en el 2021 se registraron 21 y, en el 2020, 28. Al mismo tiempo, el incremento de la inspección ha hecho que también aumente el número de multas a los ciudadanos que abandonan en la calle, en casos de menor gravedad, residuos que tienen que ser entregados al servicio de recogida de voluminosos. En este sentido, la cifra de sanciones ha subido un 65,8% en dos años.

Hoy día, Tarragona cuenta con dos inspectores adscritos al departamento de Limpieza. El primero se incorporó en el 2020, mientras que el segundo lo hizo enla segunda mitad del 2021. Este equipo, en coordinación con los agentes de la unidad de medio ambiente de la Guardia Urbana, ha ayudado a detectar a los infractores de los vertidos ilegales en muchas ocasiones e interponer las sanciones pertinentes. En el caso de las relativas a la Ley reguladora de residuos, los importes pueden llegar hasta los 4.001 euros. Desde el 2020, se han interpuesto un total de 156. Y este último año, 10 han sido graves (4.001 euros) y 48 leves (1.000 euros).

Por ejemplo, un vertido en el cauce del Francolí se consideraría grave porque perjudica directamente al medio ambiente, mientras que otro en el entorno urbano, como podría ser un polígono, sería leve. El consejero de Limpieza Pública, Jordi Fortuny, valora positivamente el régimen sancionador: «Las medidas tomadas en este mandato con respecto a sanciones por vertidos incontrolados han sido un revulsivo. Se han notado mucho en zonas alejadas del centro, como en grandes solares o zonas naturales, donde han desaparecido casi del todo». Desde el departamento de Limpieza Pública apuntan que muchas de las denuncias que llegan hoy día son de los términos municipales de los alrededores, como Vila-seca o la Canonja. «Es normal porque la gente va caminando por el bosque y cuesta diferenciar en qué municipio se encuentra», comentan técnicos del consistorio.

La identificación de los infractores puede llegar de varias maneras, sea a través de una fotografía o vídeo compartidos por un ciudadano mientras se lleva a cabo el vertido incontrolado o sea encontrando elementos relacionados con el usuario entre los mismos residuos, como podría ser un código de barras de una compra hecha. Los técnicos municipales ponen como ejemplo algunos de los casos de los últimos años: un vertido de pinturas en el medio natural u otro de muebles y materiales de dos viviendas, abandonados al lado de los contenedores. El castigo en este caso fue pagar la sanción y el coste de la retirada y la gestión de los residuos.

Aparte de las sanciones que se interponen mediante la ley de residuos, el consistorio también multa por el incumplimiento de la Ordenanza de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos cuando la infracción es menor. Por lo tanto, el importe de la multa es inferior. Uno de los supuestos castigados mediante esta normativa es el lanzamiento o abandono en la vía pública de cualquier residuo que, por su volumen, se tenga que entregar al servicio de voluminosos, a pesar de no ser lo bastante grande como para recurrir a la ley de residuos. Acabar con el incivismo en esta materia también ha sido uno de los objetivos del consistorio en los últimos años. Por este motivo, se ha perseguido más a los infractores, lo cual ha supuesto un aumento de las sanciones. El año pasado se interpusieron un total de 262, un número que representa un 65,8% más que en el 2020. Los agentes, a veces, han llegado a interceptar al momento al usuario, quien se ve obligado a pagar entre 150 y 300 euros.

Por otra parte, en el 2022 se multaron a 29 personas por depositar la basura fuera de los contenedores y tres por lanzar los desperdicios en un contenedor de recogida selectiva donde no corresponde. Al mismo tiempo, cien particulares tuvieron que pagar entre 250 y 500 euros por dejar sacos de basura con publicidad fuera de lugar y del horario habilidad. Hace tres años, desde el departamento de Limpieza se obligó a las grandes empresas a rotular estas sacas para saber quién es el propietario cuando sea necesario.

Otro de los cambios impulsados por el Ayuntamiento en los últimos años es dejar hacer uso del centro de desechería a las empresas. Para las actividades económicas, la gestión de algunos residuos es gratuita, mientras que en algunos casos se tiene que pagar una vez se sobrepasa el límite establecido. El límite es para cuando la basura es neumáticos, voluminosos, cosméticos y aceites, entre muchos otros.