El servicio de Medidas Penales convoca una huelga en contra de la precariedad laboral

Los servicios subcontratados del sector judicial, junto con CCOO, han convocado una huelga de tres jornadas los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, contra la precarización laboral que viven con el actual convenio firmado fuera de la guía y ayuda del Departamento de Justicia. Estos dos servicios piden un equiparación salarial hacia compañeros funcionarios del sector que, bajo el brazo del Departamento de Justicia de Cataluña, «cobran hasta un 33% más», según Roger Granell, delegado de ejecución del área de Tarragona.

El Departamento optó por externalizar estos dos servicios con un contrato administrativo vía licitación, de forma que estos pasaran a ser coordinados por entidades sociales, en vez de hacerlo de forma directa y con personal propio del Departamento.

Este hecho ha provocado que ambos servicios dependan del convenio colectivo de trabajo de Cataluña de Acción Social, el cual, desde 2012, sólo ha podido incrementar su salario un 1%, además de propiciar una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%. Por esta razón, se convocan estos tres días de huelga con el fin de conseguir «una equiparación salarial», según Granell.

«Estos servicios son esenciales para el bienestar social y contribuyen a un sistema de justicia que aborda las necesidades de las personas con profesionales altamente cualificados. Es por eso que consideramos necesario dignificar el sector con unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo que se basen en un plus de experiencia profesional y uno por riesgos laborales, valorando el sector como se merece, ya que es considerado de mucha responsabilidad al tratar con gente de este tipo», añade Granell.

En el área del Campde Tarragona, existen tres delegaciones, ubicadas en Tarragona, Reus y el Vendrell, con profesionales que diariamente realizan programas formativos de reinserción social hacia personas que ya han finalizado una pena de prisión, y de acompañamiento a las víctimas de cualquier clase de violencia de cara a su declaración judicial, bajo la supervisión de Intress, la entidad social encargada de la gestión de este tema en el área de Tarragona.

Este será la primera vez que los profesionales de los servicios subcontratados del sector judicial salen a la calle en señal de protesta de un convenio que lleva bloqueado desde principios del 2019 y que sientenque «no nos representa». Durante los tres días convocados de huelga, se mantendrán los servicios mínimos.