FCC incluye responsables sin dedicación exclusiva a la subrogación de la limpieza

La actual empresa encargada del servicio de la limpieza a la ciudad, FCC Medio Ambiente, añadió a la lista de subrogación diez responsables y un administrativo de servicios preventivos que «corresponden, mayoritariamente, a gastos de estructura de la empresa y no consta que tenga dedicación exclusiva al contrato de Tarragona», según respondió el Ayuntamiento a una pregunta, vehiculada a través de Contratación Pública el pasado noviembre, relativa a estos once cargos, los cuales suman un coste salarial de 623.947 euros al año.

La licitación del nuevo contrato de la limpieza contempla la subrogación de los trabajadores del servicio actual. El primer concurso público quedó desierto, cosa que el consistorio atribuye al incremento de precios posterior a la confección de la estructura de costes. Sin embargo, dentro de los pliegos de condiciones, en el anexo 11, se indicaba la lista entregada por FCC del personal adscrito hoy día, que tendría que mantener su trabajo aunque cambie la compañía encargado del servicio.

La categoría profesional de los once trabajadores mencionados se distribuye entre cuatro responsables de departamento, cuatro responsables de servicios preventivos, un responsable de administración del personal, un responsable de servicio y un administrativo de servicios preventivos. Con respecto al convenio colectivo de FCC en los centros de Tarragona (y Reus hasta el 2022), la categoría profesional de jefe de departamento no aparece hasta el 2022, mientras que los responsables de servicios preventivos no figuran, como mínimo, en ninguno de los cuatro últimos convenios. Y en el último informe de auditoría de Intervención general del Ayuntamiento, en el 2020, sobre el personal adscrito al contrato, constan tan sólo una jefe de personal, uno de servicios y un técnico de prevención. En esta misma auditoría, figuran 338 trabajadores, mientras que, en el listado entregado en el 2022 por FCC, suman un total de 350. En todo caso, es la empresa la encargada de destinar los recursos humanos que considere a partir del dinero recibido de la administración local.

A raíz de la pregunta hecha a través de contratación pública, en el anuncio de la primera licitación, el Ayuntamiento respondió: «Por ejemplo, eljefe de servicio del contrato de Tarragona coordina también el contrato de limpieza de edificios municipales (teniendo, por lo tanto, una dedicación muy mayoritaria en el contrato de recogida de la ciudad, pero no una dedicación íntegra, así como algunos responsables de departamento, de recursos humanos, de contabilidad y cuatro responsables de servicios, preventivos, que son personal de estructura de la delegación de la empresa y que se desconoce el porcentaje de dedicación a Tarragona)».

El consistorio, en la misma pregunta, apunta que, de acuerdo con la ley, «la subrogación no depende de una obligación fijada por el ayuntamiento en los pliegues, sino por norma legal o convenio colectivo, comoes el caso». Y añade que será la actual adjudicataria y la futura las encargadas de interpretar el convenio. La lista de subrogación es un aspecto que tienen que tener en cuenta las empresas que quieran presentar ofrecida al nuevo concurso a la hora de calcular los gastos del apartado de personal.

Sea como sea, la administración local asegura que la subrogación está garantizada, así como las subidas salariales, lo cual genera desconfianza en el comité de empresa de FCC, que considera que el precio total del contrato es bajo (unos 20 millones de euros), motivo por el cual los trabajadores manifestaron que harían huelga.

Huelga del 5 al 8 de abril

La huelga de la limpieza anunciada por el comité de empresa de FCC seráentre las 6 horas del 5 de abril y las 24 horas del día 8, en plena Semana Santa, tal como se pone de manifiesto en la solicitud de la jornada. Los trabajadores convocados son 316. «El contenido de la nueva licitación comportará un deterioro de las condiciones laborales incluyendo la pérdida de poder adquisitivo y de puestos de trabajo», se expone como motivo. El comité de empresa apunta que se ha intentado dialogar con el consistorio, pero que «no hay ninguna voluntad de cambiar los contenidos».

El presidente del mismo comité, Ángel Martín de Sande, lamentó que el nuevo contrato supondrá una pérdida del 30% de la masa salarial teniendo en cuenta, entre otros factores, que los dos primeros años no hay revisión de precios, tal como marca la ley estatal. Desde el consistorio, han defendido que se ha previsto un incremento del 3% de los salarios durante estos dos primeros años y recuerdan que, con las últimas revisiones de precios, se pudo acordar aumentar un 4% los sueldos en el 2022 y un 3% en el 2023. En cualquier caso, la estructura de costes preparada es un cálculo orientativo a partir del cual las empresas presentarán sus ofertas. Además, el Ayuntamiento comenta que se recomendó el presidente del comité de empresa negociar un convenio hasta el 2025 con el fin de garantizar subidas salariales durante los dos primeros años, pero que, finalmente, se hizo tan sólo para el 2022 y el 2023.

Por otra parte, Martín de Sande detalla que, más allá de los dos primeros cursos no revisables, se fija un tope del 2% para los ocho siguientes. A su vez, la administración niega este porcentaje y hace referencia a la estructura de costes aprobada hace un mes, dondese deja patente que las retribuciones del personal están ligadas a la Ley de presupuestos generales del Estado, a diferencia de antes, cuando el IPC tenía influencia directa, después del despliegue de la ley de desindexación económica. En todo caso, es competencia de la empresa distribuir el dinero que se ingrese por el contrato. El actual entró en vigor en el 2002 y, ahora, el Ayuntamiento quiere renovar el servicio, motivo para|por el cual hará una nueva licitación, después de que la primera quedara desierta.

A raíz de la falta de ofertas del primer concurso, el consistorio estableció una serie de actualizaciones para encontrar adjudicataria, como subir el tipo de interés bancario del 2,5% al 4,5% o unir los lotes 1 y 2. Martín de Sande denuncia que, a pesar de añadir el lote 2 al 1, el precio siga siendo lo mismo. Al mismo tiempo, considera incomprensible que el contrato tenga el mismo coste de lo que hace quince años.