Tarragona suma 59 familias a la espera de un piso de alquiler social

Decenas de familias tienen su futuro y su vida en el aire. La Mesa de emergencia social de Cataluña acumuló en el 2022 un total de 95 expedientes relativos a Tarragona. Es decir, casi un centenar de núcleos familiares con posibilidades de recibir una vivienda a causa de su situación de vulnerabilidad. Según los datos del InstitutMunicipal de ServeisSocials, 41 todavía están pendientes de valoración y 18 tienen informes favorables, pero quedana la espera de recibir la adjudicación de un piso.

«Hay unos plazos de resolución de dos años que no ayudan», expone la concejala y presidenta del IMSST, Inés Solé, quien critica la «falta de acción» de la Generalitat. De los 95 casos acumulados en el 2022, muchos arrastrados durante los últimos años, 10 fueron desfavorables, 6 se archivaron y 13 se traspasaron a Ofideute, el servicio gratuito de información y asesoramiento dirigido a unidades de convivencia con dificultades para mantener la propiedad.

Por otra parte, la Mesa emitió 24 informes favorables, pero sólo seis núcleos familiares, una cuarta parte, han podido acceder a una vivienda. «Es gravísimo. Estos 18 pendientes de asignación seguramente, si cruzáramos los datos, son familias pendientes de desahucios que hemos ido parando gracias a la resolución favorable, a pesar de la moratoria que se tendría que cumplir,» explica Solé.

Con respecto a la moratoria de que hace referencia la concejala al Ayuntamiento de Tarragona, el Gobierno del Estado, a raíz de la pandemia, decretó el aplazamiento de los desahucios. Sin embargo, esta medida, después de prorrogarse tres veces, finaliza el 30 de junio. «Aunque el decreto establece que no se pueden hacer desahucios, los jueces hacen su interpretación y consideran que hay algunos que no se tienen que detener. Incluso teniendo una resolución de mesa favorable y estar a la espera de un piso», comenta Solé.

Precisamente, hace dos semanas, una treintena de personas se concentró delante de las puertas de la casa de una familia con tres hijos de Torreforta para impedir su desahucio. El padre tiene desde hace años un grado de discapacidad que le impide trabajar. Finalmente, el juzgado de instrucción de primera instancia número 4 de Tarragona le dio una prórroga de un mes. Estuvimos dos horas negociando desde Serveis Socials. El juez considera que la moratoria no reúne los requisitos, cuando es un caso que viene del 2020 y se agravó con la pandemia», relata Solé. Sea como sea, la familia espera desde hace tres años que la Agencia Catalana de l'Habitatgele facilite un piso.

«Es imposible que un ayuntamiento pueda absorberlo todo. Si la Generalitat tiene una partida de 600 millones de euros para comprar pisos, pero no ejerce el derecho de tanteo y retracto, estamos igual de perdidos. Tiene un privilegio como administración. ¿Se puede permitir el lujo de no ejercerlo? No, no puede. Para nosotros es una política prioritaria, pero llegamos hasta donde llegamos y, al fin y al cabo, la competencia es de la Generalitat», lamenta Solé. Al mismo tiempo, critica la reducción del dinero destinado en vivienda con los nuevos presupuestos aprobados al Parlament.

El Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA) acumula 2,5 millones de euros destinados a comprar pisos en los últimos años y ponerlos a disposición de las familias con informes favorables de la Mesa. «El derecho de tanteo que la Generalitat no ejerce, llega al Ayuntamiento y, en función de la capacidad económica, SMHAUSA adquiere viviendas y los transfiere al IMSST, desde donde los vamos asignando a las familias,» detalla la concejala de ServeisSocials. «Cuando nos llegan, los damos automáticamente», añade sobre la urgencia que hay en esta materia.

Por otra parte, de los 95 expedientes mencionados, 41 todavía están pendientes de valoración (un 43%). Según apunta Solé, el consistorio se plantea crear una mesa de emergencia y Ofideute locales. Se está estudiando si ayudarían a reducir el «tapón» actual y agilizar la situación. Al mismo tiempo, la consellera insiste en la necesidad de actuar rápidamente: «La Generalitat tiene que empezar a ejercer el derecho de tanteo y cumplir sus obligaciones. Eso es una oleada que ahora mismo va por encima, pero si no se hace un replanteamiento y una inversión real, todavía será peor. Desgraciadamente, no será noticia porque llueve sobre mojado. Por eso lo tenemos que denunciar con más voz, de manera más reiterada, porque es una situación que nos desbordará».

Con respecto a la obtención de pisos desde el Ayuntamiento, el alcalde, Pau Ricomà, y la consellera d'Habitatge, Eva Miguel, se reunieron hace unos días con la Sareb (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) para establecer acuerdos de colaboración y, de esta manera, ampliar el parque público de vivienda y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.