Intervención avala la estructura de costes del contrato de la limpieza en Tarragona

El área de Intervención del Ayuntamiento de Tarragona avala el presupuesto base de licitación y la estructura de costes del nuevo contrato de la limpieza. El informe apunta que el consistorio, entre otras cuestiones, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores gracias al aumento previsto de un 2,43% de salarios, para compensar que la ley impide revisar el precio del contrato durante los dos primeros años. «La previsión de incremento adicional para los ejercicios 2024 y 2025 garantiza que se dé cobertura a estos costes», expone.

Hace tan sólo dos días, el comité de empresa de la actual empresa encargada del servicio, FCC, anunció que suspendía la huelga prevista durante Semana Santa, a través de la cual pretendía protestar por la falta de masa salarial que suponía el nuevo servicio planteado. Precisamente, uno de los puntos más controvertidos es el de costes laborales.

El personal del servicio de la limpieza se divide entre directo e indirecto. El directo se incluye dentro del capítulo de coste salarial, mientras que el indirecto se podría considerar un coste indirecto o gasto general. Con respecto a los trabajadores a subrogar, FCC envió un listado con 350 personas en julio del 2022. Sin embargo, en el 2023 ha proporcionado otra con 330 (veinte menos), uno de los cuales se encuentra repetido. Por lo tanto, serían 329 personas que pasarían a formar parte de la futura adjudicataria, aunque corresponde a la empresa entrante y a la saliente gestionar este asunto.

Además, el informe hace referencia a una resolución del tribunal administrativo para recordar que «el contrato tiene que ser adecuado al mercado según las prestaciones a realizar y no según el personal a subrogar».

Al mismo tiempo, el informe apunta que de los 329 trabajadores a subrogar, 51 son personal de mando, administrativo y de taller. Entre estas 51 personas, hay 30 más de las que establece tanto el contrato vigente como la licitación. Además, se tendrían que restar cuatro de la Canonja, que se desvincula del nuevo contrato. Por lo tanto, Intervención cifra en 295 a los trabajadores, incluidos los temporales, con dedicación directa de la lista de subrogación.

El expediente también recuerda una de las cláusulas del pliego de condiciones técnicas del contrato vigente, del 2002, que establece que «durante la duración de la concesión, la empresa no podrá incrementar el número de operarios ni modificar la organización del personal adscrito a los servicios sin la expresa autorización escrita del Ayuntamiento. Al finalizar la concesión no se subrogará personal más allá del necesario para la prestación óptima de los servicios».

En cualquier caso, la licitación del nuevo contrato prevé 331 personas, un número superior a los 295 con dedicación directa del documento de subrogación. «Por lo tanto, se puede concluir que la nueva licitación implica más personal directo vinculado al servicio que el listado de subrogación facilitado por la actual empresa adjudicataria», afirma.

Paralelamente, Intervención, al comparar la lista de subrogación entregada en julio del 2022 y la del 2023, ha detectado que 19 personas presentan incrementos de costes salariales de entre el 5,29% y el 46,83%, sea por cambio de categoría o por incremento salarial.

Intervención indica que el presupuesto base evita «situaciones de enriquecimiento injusto» y considera asegurada la viabilidad del contrato, así como recuerda la importancia de no poner restricciones a la competencia. Paralelamente, el informe cree «indispensable establecer mecanismos que hagan posible el control del gasto público».

Para acabar, recuerda que, en caso de apreciar temeridad o mala fe en la interposición de un recurso especial o en la solicitud de medidas cautelares por parte de las empresas, el Ayuntamiento podrá acordar la imposición de una multa al responsable correspondiente.