Tarragona registra entre una y tres órdenes de desahucios al día

Tarragona registra una media de entre una y tres órdenes de desahucios cada día. Sin embargo, el Instituto Municipal de Servicios Sociales consigue aplazar el 80% de los casos, que bastantes veces afectan a familias con informes favorables de la Mesa de emergencia de Cataluña. Es decir, pendientes de recibir un piso de alquiler social.

Así lo explicaron ayer la consejera de vivienda, Eva Miguel, y la de Servicios Sociales, Inés Solé, las cuales hicieron balance del trabajo hecho en los últimos años para paliar la emergencia de la vivienda e instaron a la Generalitat a ejercer el derecho de tanteo y retracto para poder ampliar el parque público y, así, ayudar a las familias en riesgo de exclusión social.

El Estado, a raíz de la pandemia, decretó una moratoria para parar temporalmente los desahucios previstos que acaba este 30 de junio. A pesar de eso, muchos jueces consideran que se tienen que sacar adelante. «Desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales, articulamos nuestro sistema para cada caso. La prioridad es parar el desahucio y que la gente pueda quedarse en su casa, y, si no es posible, intentamos ver si podemos ofrecer otra vivienda. Y si no, buscamos un hotel o apartamento temporal. Exploramos todas las vías», relató Solé.

Miguel apuntó que durante el actual mandato se han desplegado políticas de vivienda para poder asumir el volumen de núcleos de convivencia vulnerables. Por este motivo se han comprado 36 viviendas en los últimos cuatro años a través del derecho de tanteo y retracto y gracias a las partidas presupuestarias, que suman más de dos millones de euros.

A esta cifra, que marca un récord histórico, se añade medio millón más que servirá para comprar diez pisos en el 2023. De los 36 pisos mencionados, cinco contaban años atrás con partida presupuestaria, pero se ha ejecutado este mandato, tal como manifestó Miguel.

Del total, 27 ya se han rehabilitado y alquilado a familias usuarias del IMSST, un ente público que también dispone de 12 pisos más destinados a alojamientos temporales de urgencia. Dos de estos pisos se han destinado a viviendas de transición para personas sin techo, uno para hombres y otro para mujeres. «El objetivo es ayudar a conseguir la autonomía y la independencia llena», comentó Solé.

Más allá de estas viviendas, se destinaron, durante el año pasado, 15.745 euros en ayudas puntuales para hacer frente al alojamiento de personas a través de pensiones, hostales o apartamentos. En este sentido, se pudo ofrecer un techo a una media mensual de una cincuentena de personas.

Las consejeras también valoraron otras medidas desarrolladas durante el mandato, como la bolsa de mediación, que ya cuenta con 94 pisos. «El objetivo es incrementar la oferta de alquiler a precios por debajo de mercado e incidir en el mercado privado con el fin de rebajar los actuales precios desorbitados», indicó Miguel, quien también manifestó que la administración local trabaja en la segunda convocatoria de rehabilitación de viviendas.

Paralelamente, el Ayuntamiento se presentará a una convocatoria de fondo europeos Next Generation para construir pisos de alquiler social en el Plan Parcial 10 y mantiene conversas con Incasòl y la Sareb para ampliar el parque público de vivienda. Además, Solé lamentó la parálisis en la gestión de expedientes de la Mesa de emergencia: «Es un cuello de botella. Hay resoluciones favorables pendientes de pisos». «Necesitamos que las otras administraciones también respondan», concluyó.

Por otra parte, Miguel valoró el trabajo de inspección de pisos vacíos por toda la ciudad. De momento, según detalló la consejera, hay 487 expedientes abiertos de viviendas vacías que están a la espera de la resolución de alegaciones. «Es importante incidir en los precios para evitar que siga habiendo pisos vacíos mientras hay gente sin casa», subrayó Miguel.