Los letrados de Tarragona piden un segundo juzgado mercantil por el alta entrada de casos

Los letrados piden la creación de un segundo juzgado mercantil, dada la situación de «colapso» en la que tienen que hacer frente. Esta, además, se ha agravado a raíz de la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad que entró en vigor en septiembre del 2022, ya que los juzgados mercantiles han absorbido todos los casos de esta índole. Antes, eran los juzgados de primera instancia los que tenían que asumir este tipo de asuntos. Este cambio ha provocado un notable incremento en la entrada de procedimientos en el único juzgado mercantil que hay en la provincia de Tarragona, que no es suficiente para dar respuesta de manera efectiva a la ciudadanía.

La Ley de Segunda Oportunidad es un instrumento jurídico que permite al deudor de buena fe cancelar sus deudas pendientes de manera legal, «dentro de unas determinadas condiciones y con cierta restricción», explica Jaime Campá, copresidente de la Sección de la Segunda Oportunidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT). «En el primer trimestre desde que entró en vigor la nueva reforma, entraron más de 300 solicitudes», asegura Campá, quien indica que el juzgado mercantil de Tarragona tiene la capacidad de absorber, como máximo, 400 casos anuales: «El ritmo que llevamosahora es de un centenar de procedimientos mensuales».

La decana del ICAT, Estela Martín, afirma que la petición de un segundo juzgado mercantil existe desde hace tiempo: «Nos reunimos de forma periódica con el Audiencia Provincial y con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y esta demanda ha sido reiterada». De hecho, durante estos encuentros también se transmitió la necesidad de otro juzgado de lo social para resolver la carga de trabajo. En este caso, sí que se ha dado respuesta, ya que, el gobierno español aprobó en noviembre su creación: «Aunque las reivindicaciones son tan antiguas e intensas como las del social, todavía no nos han hecho caso con la petición del segundo juzgado mercantil».

Martín asegura que están sufriendo «una situación de cuello de botella», porel incremento de entrada de nuevos asuntos. «Ahora se ha intensificado con el tema de la Ley de Segunda Oportunidad, que hace que la necesidad de que arrastrábamos, ahora se haya convertido en imperiosa», confesa. La decana del ICAT apunta que el hecho de no contar con otro juzgado mercantil es un perjuicio muy grande para la ciudadanía, así como para el tejido empresarial: «Como capital de provincia, hay que tener los servicios necesarios para dar la respuesta judicial que solicitan».

Actualmente, el tiempo de respuesta es de casi dos años, indica Martín, quiénes remarca que son datos provisionales porque todavía no se conoce el impacto real que está teniendo también la huelga de letrados. La abogada reconoce, sin embargo, que si no se crea un segundo juzgado mercantil, estos plazos se pueden alargar mucho más: «Si entran más casos de los que se resuelven, el tiempo de espera aumenta». Por otra parte, asegura que esta situación está teniendo un impacto económico negativo en la provincia, que espera que se resuelva el más bien posible. La decana del ICAT exime de cualquier culpa a los trabajadores de la administración y los jueces, ya que tienen que hacer frente a «números superiores a las ratios que marca el Ministerio». «El personal hace el que puede y más», reconoce Campá.

Las moratorias de los créditos ICO

Aunque lo que está saturando actualmente el juzgado mercantil son las peticiones de Segunda Oportunidad, Campá recuerda que los juristas también atienden asuntos de otra tipología, como los conflictos de materia societaria que pueda haber dentro de una empresa o temas marítimos: «Sobre todo con respecto a los embargos de barcos, si el propietario no ha pagado una factura, el acreedor puede interponer una demanda en el juzgado de Tarragona, independientemente de donde provenga».

Los concursos de acreedores son también competencia del juzgado mercantil. «De momento no ha habido alud|avalancha de peticiones, porque el tejido productivo se está sosteniendo por|para los créditos ICO», detalla copresidente de la Sección de la Segunda Oportunidad del Ilustre Colegio del ICAT. Durante la pandemia, muchas empresas y autónomos solicitaron esta línea de avales que ofrecía el Estado para facilitar a los empresarios la obtención de créditos por parte de entidades financieras. Concretamente, el Estado garantiza hasta el 80% de los préstamos concedidos por los bancos. «Ahora se están extendiendo los plazos de vencimiento de los avales, pero cuando se acaben las prórrogas, moratorias y refinanciaciones, la situación en el juzgado mercantil empeorará», indica Campá, a quién estima que esta situación se podría dar a principios del 2024. La decana del ICAT, asegura que si se llega a este punto sin haber conseguido un segundo juzgado, «no se podrá gestionar, todo se quedará atascado y habrá retrasos de más de dos años». «La justicia lenta no es justicia», afirma.