Las entidades tarraconenses tendrán que justificar las subvenciones con una memoria final

Las entidades que reciban una subvención por parte del Ayuntamiento tendrán que emitir una memoria justificativa final de la actividad en cuestión. Este informe será una herramienta más para comprobar el destino de la financiación pública y tendrá que recoger el número de personas beneficiarias, que tendrán que estar disgregadas por género. Al mismo tiempo, se promueve utilizar un lenguaje inclusivo. Estos requisitos se incluyen en el borrador de la nueva ordenanza general de subvenciones, que pasará por el plenario este mes para su aprobación inicial.

Los objetivos que pretende la modificación de la normativa son mejorar el proceso de control de la justificación y regular los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas, entre otros. Los partidos del consistorio, tanto de gobierno como de la oposición, han hecho varios encuentros en los últimos meses para definir la ordenanza. La memoria justificativa es una de las novedades y servirá para calcular el impacto de la actividad subvencionada.

Otra de las principales novedades es el artículo 18, en el que se recogen los criterios básicos para el otorgamiento de las subvenciones. Tal como indica el borrador, se tendrá en cuenta que la actividad tenga interés general para la ciudadanía, la calidad democrática de la entidad, su solidez financiera y la imposibilidad de llevarla a cabo sin la subvención.

Al mismo tiempo, la ordenanza recoge aspectos sociales a valorar, como el nivel de uso del catalán, la igualdad de género, la no discriminación por razones de sexo u origen étnico, la defensa y promoción de los derechos humanos y la accesibilidad a personas con alguna discapacidad.

«Queremos fomentar valores de interés público», expresa la consejera de Accesibilidad y Contratación, Elvira Vidal. En la misma línea que Vidal, el consejero del PSC Mario Soler recuerda que estos son criterios básicos y no específicos, ya que estos últimos quedan configurados en las bases de cada convocatoria de concurrencia competitiva. «Ha habido bastante consenso entre todos los partidos en el diseño del ordenanza», añade Soler.

La normativa también evita que puedan pedir ayudas «personas condenadas por sentencia judicial o resolución administrativa», tal como pone de manifiesto Vidal. Además, la consejera explica que ahora se definen mejor, «por seguridad jurídica», las tipologías de subvenciones, que pueden ser por concurrencia competitiva, nominativas, en forma de premios o en especies (como sería la cesión de materiales).

La modificación nace a raíz de las recomendaciones recogidas en una auditoría del 2020, emitida por el servicio de control financiero. «Una de las asignaturas pendientes era reforzar la transparencia y la objetividad en el otorgamiento de subvenciones para asegurar que no sea arbitrario», resume la consejera Vidal. Otro de los objetivos, tal como indica el consistorio, es «motivar, acreditar y justificar el importe de las subvenciones nominativas que se incluyen en el presupuesto».

«Es necesario saber que el dinero público se utiliza correctamente», expone Soler, quien también insiste en ofrecer suficientes facilidades a la ciudadanía para flexibilizar todos los trámites. En esta línea, la portavoz de Ciudadanos, Lorena de la Fuente, considera que se tienen que agilizar los procesos de concesión y justificación de las subvenciones.

A su vez, la portavoz de En Comú Podem, valora positivamente el trabajo de los técnicos municipales para asesorar y ayudar quien lo necesite. «Están muy abiertos», expresa. Ahora, el borrador, que se encuentra en línea con la ley estatal, estará en proceso de exposición pública hasta el 17 de abril para todo el mundo que quiera hacer aportaciones. La previsión es que pueda estar aprobada definitivamente antes de verano.