«La transmisión clásica de valores ya no la hacen los padres, sino internet»

Jesús María del Cacho empezó su trayectoria judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Igualada. Durante su estancia en la capital de Anoia, se especializó en materia de menores. Reconoce que lo hizo por «vocación».

No fue hasta el 2005 que llegó al Juzgado de Menores de Tarragona, donde , actualmente, está haciendo frente a un incremento de casos de agresiones sexuales cometidos por jóvenes de menos de 18 años que asegura que no se esperaba.

— ¿Con qué frecuencia entran casos de esta tipología?

— En el Juzgado de Menores de Tarragona ha ido entrando un caso cada dos días. Algunas semanas entraba uno cada día. Pero hay que tener en cuenta que no todos acaban con resoluciones condenatorias, ya que hay agresiones que se denuncian y son difíciles de probar o pueden ser falsas.

— ¿Por qué cree que se ha dado este incremento de agresiones sexuales a raíz de la pandemia?

— No lo sé. Lo único que hemos podido percibir es que hay más consumo de pornografía violenta, existe una pérdida de valores importante y una falta de habilidad en los padres de educar a sus hijos. Además, se ha diluido el concepto de autoridad. Los menores se enfrentan mucho a sus padres, que son muy protectores y les consienten. Todo eso, lo ha notado sobre todo el equipo de técnicos –formado por psicólogos y trabajadores y educadores sociales–, que se encargan de entrevistar a los menores.

— ¿Qué papel juegan los centros educativos?

— También tienen que trabajar estos valores, pero lo que está claro es que los educadores son los padres y no se puede derivar esta obligación en los centros.

— ¿Qué hay que hacer para frenar la tendencia de los últimos meses?

— Es complicado decir soluciones, pero opino que las familias tienen que hablar sobre estas cosas. Cuando vean juntos una película y salga una escena de una violación o agresión, hace falta que se comente entre padres e hijos, para que los más pequeños entiendan lo que está mal. Creo que, con estos diálogos, se educa mucho y hay que aprovecharlo.

— El auge de las tecnologías dificulta este proceso. Hoy día, casi todos los menores tienen un dispositivo móvil.

— Es verdad, la transmisión clásica de valores ya no la hacen los padres, sino internet. Antes de que un padre tenga la oportunidad de hablar con su hijo sobre drogas, sexo y otros temas, el chaval ya lo sabe porque lo ha visto por internet o se lo ha explicado un amigo. Los padres no tenemos que tener miedo, podemos y tenemos que controlar y revisar el móvil de nuestros hijos. Ellos dirán que es su intimidad y que es privado, pero tenemos que utilizar el diálogo para que entiendan que es nuestro deber educarlos y saber qué hacen.

— ¿Por qué defiende la necesidad de rebajar a los 12 años la inimputabilidad penal?

— En en el 2022, los que tienen 12 años son más maduros que los que tenían 12 cuando entró en vigor, en 2020, la actual Ley del menor. La adolescencia empieza y acaba antes. No sé exactamente el motivo, si por las redes sociales o internet. Un joven de esta edad tiene conocimiento de si lo que está haciendo está bien o mal y ya tiene capacidad para contenerse. Por otra parte, el derecho penal es coercitivo. Es decir, las medidas impuestas son educativas. Cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, mejor. En algunos países se ha bajado a los 10 años, pero el porcentaje de delitos en esta edad es muy bajo y no vale la pena.

— ¿Cree que es necesario hacer cambios en la Ley del menor?

— Sólo algunas cuestiones técnicas, pero como filosofía es muy buena. Lo que busca la ley es la reinserción y educación del menor, convertirlo en un sujeto capaz de convivir en sociedad. Teniendo en cuenta sus carencias educativas, se le da lo que necesita. Quizás le conviene un internamiento, una libertad vigilada o con unas prestaciones en beneficio de la sociedad es suficiente.

— ¿Hacen falta medidas más duras?

— Ya podemos ser duros con la Ley del menor. La medida del internamiento es prisión. En este sentido, la ley es muy buena y funciona estupendamente porque es ágil y flexible. La eficacia en la reinserción de los menores es del 80%, porque justamente trabajas con ellos en una etapa en la que están evolucionando. Nosotros les damos recursos y son ellos los que lo tienen que saber aprovechar.

— ¿Cuál es la pena más dura que ha impuesto?

— La pena máxima que se puede imponer a un menor son 10 años de internamiento, y en el juzgado de Tarragona se ha hecho. Fue el caso del menor implicado en el crimen que sale en el capítulo Febamar de la serie Crims–su nombre es Gabriel, participó en el asesinato de una pareja en su domicilio de Alcanar en el año 2008.

— Aparte de las agresiones sexuales, ¿han aumentado los casos de otra tipología de delitos?

— El delito más habitual en materia de menores son los que se cometen contra la propiedad, sea robos o hurtos. También es recurrente el tema de agresiones en discotecas o patios de colegio. Con respecto al bullying, que es un delito que causa mucho daño, estoy contento porque no llega casi ningún caso.

— ¿Hacen falta más recursos por parte de las administraciones?

— Tarragona es la provincia de Cataluña más pobre en este sentido. No tenemos centro de internamiento ni ningún centro de día. Ahora se ha presentado un proyecto a la Generalitat y se han comprometido a estudiarlo. Hace 40 años que se reivindica esta falta de recursos que reforzarían y potenciarían la ciudad en este ámbito.