El Barnahus, un modelo que adapta la justicia a los niños víctimas de abuso

La mitad de víctimas de delitos sexuales en España en 2020 eran menores que, a la hora de denunciar, tienen que revivir varias veces su traumática experiencia ante un sistema judicial que no se adapta a su situación, una dinámica que busca cambiar el modelo Barnahaus que ya se aplica a Tarragona.

Actualmente, un niño que es víctima de abuso sexual tiene que pasar por diferentes servicios y explicar, una vez y otra, un hecho altamente traumático.

Eso, además de causar un efecto revictimizador, provoca en muchos casos la sensación de no estar siendo creído, que puede generar una inseguridad que los lleve a cambiar el relato.

El modelo Barnahus, que significa «casa de los niños» en islandés, propone atender a las víctimas de abuso sexual menores de edad en una unidad centralizada en un mismo lugar, donde estarían todos los recursos necesarios para atender estos casos, como psicólogos forenses y clínicos, pediatras, servicios sociales, policía, Fiscalía y abogados.

Según Emilie Rivas, responsable de Barnahus en Save the Children, «en este modelo es el sistema el que se adapta al niño», por lo que «todo el mundo sale ganando».

Cuando se tiene conocimiento de un caso de abuso sexual, los diferentes servicios ponen en común la información del caso para decidir si hay bastantes pruebas o si hace falta una entrevista.

En caso de que así sea, es realizada por una persona formada para eso y en la entrevista están presentes, detrás de una ventana tintada, agentes de policía, psicólogos forenses y representantes de la justicia, cosa que permite que su testimonio se convierta prueba preconstituida y no tenga que acudir a un juicio.

«La colaboración interdepartamental es uno de los cimientos del modelo Barnahus», afirma Rivas.

La experta en políticas de la infancia explica que «además de ser un modelo que recoge el testimonio del niño de manera amigable y con calidad, este modelo tiene otros servicios, como la realización de entrevistas exploratorias cuando hay una sospecha de que le puede estar pasando alguna cosa al niño pero no se puede denunciar porque no hay una certeza».

La primera Barnahus de España está ubicada en Tarragona y está en funcionamiento desde el 2020, pero según Rivas «en Cataluña se prevé la instalación de doce más los próximos años».

En otras comunidades, como el País Vasco, hace dos años que trabajan para la implementación de una prueba piloto en Vitoria.

Según Save the Children, este modelo ha demostrado su eficacia en el proceso judicial en los países donde está en funcionamiento, llegando a duplicarse el número de condenas en Islandia y triplicarse en los Estados Unidos, dado que el testimonio del niño, que muchas veces es la única prueba, tiene mucha más calidad.

Para Rivas, uno de los retos mayores de la justicia española es la especialización de los profesionales. Según explica, hay que asegurar que «los profesionales que atienden a los niños estén altamente formados y no tengan una ratio de casos muy elevados, porque si no la calidad se pierde».

Esta formación puede ayudar también a acabar con algunos estigmas que hay en torno al abuso sexual dentro de los tribunales. «Muchas veces se piensa que el niño se inventa cosas», apunta Rivas.

«Pero si conociéramos el proceso de victimización de un niño que ha sufrido abusos, entenderíamos que no está mintiendo, sino que tiene memoria fragmentada o que está modulando su discurso sobre las preguntas que le hacen», añade.

Con respecto a la prevención, opina que hace falta una formación «basada en programas de larga duración, adaptados a las edades en el ámbito escolar». «Eso no es una charla de los Mossos una vez al año», advierte.

Para esta experta, la respuesta pasa por «hablar con los niños sobre salud sexual y reproductiva, o como evitar el abuso, pero es un tabú». «Muchas veces los niños no saben qué les está pasando porque nadie les habló nunca de eso», lamenta.

«Rebajar la edad de procesamiento penal es un pensamiento completamente equivocado», afirma Rivas. Si se produce un delito penal, es que todas las medidas anteriores no han funcionado. Entonces tenemos que pensar en medidas para evitarlo, no para castigarlo después», concluye.