El juzgado de lo Mercantil recibe un 295% más de demandas de segunda oportunidad en el primer trimestre de 2023
Los letrados piden habilitar un segundo juzgado en la provincia de Tarragona para absorber las peticiones
La segunda oportunidad dispara un 295% la entrada de casos en el Mercantil de Tarragona
La entrada en vigor de la reformada Ley de Segunda Oportunidad el pasado mes de septiembre ha supuesto una avalancha de casos para el juzgado mercantil de Tarragona, que en el primer trimestre de 2023 ha registrado la entrada de 342 procedimientos, un 294,8% más que en el mismo periodo en el 2022. Los últimos cuatro meses del mismo 2022, precisamente, se recibieron cerca de 300, el 90% de los cuales eran relativos a la Ley de Segunda Oportunidad, un asunto que antes era competencia de los juzgados de primera instancia.
La Ley de Segunda Oportunidad es un instrumento jurídico que permite al deudor de buena fe cancelar sus deudas pendientes de manera legal con determinadas condiciones. El Mercantil ha absorbido todos los casos relativos a los concursos de persona física, hecho que ha colapsado el sistema ante la falta de recursos suficientes para dar una respuesta eficaz. Por este motivo, los letrados piden que se habilite un segundo juzgado de este tipo en la provincia. En el año 2022, entraron en el juzgado más de 750 expedientes, 300 de los cuales fueron durante el último cuatrimestre. De estos tres centenares, el 90% fue por la Ley de Segunda Oportunidad.
Los primeros meses de 2023 se han registrado 342 casos, ante los 116 que entraron en el Mercantil a principios del año pasado. Es decir, un 294,8% más. Y, de estos 342, más del 70% son concursos de persona física. Los letrados creen que, si se mantiene el ritmo actual, los expedientes presentados durante el 2023 pueden llegar a superar el millar, cuando el juzgado Mercantil de Tarragona tiene, a día de hoy, la capacidad para absorber en torno a los 450 procedimientos anuales.
Por todo el Estado se calcula que los juzgados mercantiles tendrán que atender más de 20.000 concursos de persona física, según las estimaciones más prudentes. Ante este escenario, los abogados tarraconenses creen que urge buscar una solución que pueda abordar la gestión de estos asuntos para dar respuesta de manera efectiva a la ciudadanía.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT) ya ha hecho llegar en varias ocasiones la petición de establecer un segundo juzgado mercantil en la Audiencia Provincial y en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Durante los encuentros, también se trasladó la necesidad de habilitar otro juzgado de lo social para afrontar el volumen de trabajo. En este caso, el gobierno español aceptó el pasado mes de noviembre su creación.
Actualmente, el tiempo de respuesta es casi de dos años, según la decana del ICAT, Estela Martín, aunque, si no se crea un nuevo juzgado mercantil, los plazos pueden aumentar todavía más. Los letrados señalan que, además, hay provincias del Estado con un tejido empresarial inferior en Tarragona, y sin puerto marítimo, que cuentan con dos mercantiles.
Más allá de las solicitudes relativas a la Ley de Segunda Oportunidad, los juristas también tienen que atender otros tipos de asuntos, como los conflictos de materia societaria que se pueden dar dentro de una empresa o temas marítimos. También es competencia del juzgado mercantil los concursos de acreedores, aunque, en este sentido, no hay una avalancha de peticiones porque el tejido productivo se está sosteniendo por los créditos ICO facilitados por el Estado, tal como explicó a este diario el copresidente de la Sección de la Segunda Oportunidad del Ilustre Colegio del ICAT, Jaime Campá, quien comentaba que la situación empeorará cuando lleguen los plazos de vencimiento de los avales.