Trasladan los Servicios Territoriales de Justicia al edificio de la antigua prisión de Tarragona

La Generalitat de Catalunya ha trasladado los Servicios Territoriales del Departamento de Justicia a la antigua prisión de Tarragona. Así, el Gobierno deja atrás las oficinas de la calle de Sant Antoni Maria Claret para ocupar el edificio que, hasta hace pocos meses, actuaba como Centre Penitenciari Obert y acogía presos en régimen de tercer grado. Según informan desde el Departamento de Justicia, el traslado a esta nueva ubicación se hizo efectivo el pasado 28 de abril.

Todo el personal ya está trabajando en las nuevas instalaciones, así que los ciudadanos que lo necesiten, pueden ir a la nueva sede de los Servicios Territoriales de Justicia a hacer las gestiones relacionadas con el Registro de asociaciones o el Registro de parejas de hecho. Desde el departamento indican que los equipos técnicos penales también se han instalado en la antigua prisión y están trabajando con normalidad, haciendo las reuniones periódicas con los internos de medio abierto o con los penados que cumplen medidas de trabajos en beneficio a la comunidad (TBC).

Una ubicación provisional

La antigua prisión se vació de internos durante el mes de febrero, después de que estos fueran trasladados al nuevo Centre Penitenciari Obert (CPO) de Tarragona, ubicada en la calle de Guillem Oliver. Durante los últimos meses, se han llevado a cabo algunas obras de adecuación en el edificio de la antigua prisión, que se encuentra en buen estado a pesar de ser de los años 50, para trasladar la actividad de los Servicios Territoriales de Justicia.

Desde el departamento afirman que la antigua prisión se trata de una ubicación provisional, en principio, hasta el año 2027, que es cuando se prevé que se haya acabado la construcción del nuevo Fòrum de la Justícia, donde se instalarán los Servicios Territoriales de Justicia, junto con los órganos del partido judicial. Tal como afirmó la consejera de Justicia, Gemma Ubasart durante una visita a Tarragona, se ubicará la Audiencia Provincial, los juzgados de primera instancia, los penales, los sociales, los contenciosos, los de instrucción, el mercantil y el de violencia sobre la mujer.

También está previsto trasladar el Registro Civil, la Fiscalía, la jurisdicción de menores y los colegios profesionales del ramo, así como los servicios sociales del ámbito penal. Todas estas dependencias, actualmente se encuentran en ocho sedes diferentes. Eso implica en el Departamento un gasto 1,5 millones de euros al alquiler de los diferentes edificios ocupados. Con respecto a la antigua prisión, todavía no hay nada claro sobre qué uso podría tener en un futuro.