URBANISMO
Malestar entre los vecinos por la lentitud en la urbanización de Parcel·les Iborra de Tarragona
El proyecto espera desde hace meses la introducción de modificaciones requeridas y la aprobación definitiva
Los vecinos de Parcel·les Iborra lamentan la lentitud administrativa en la urbanización y reparcelación de la zona, comprendida entre la ermita de la Salud, la Vall de l'Arrabassada y el estadio del Nàstic. Los proyectos ya recibieron la aprobación inicial en diferentes momentos del año pasado, pero el Ayuntamiento de Tarragona todavía está pendiente de introducir las modificaciones necesarias al proyecto de urbanización a raíz de las alegaciones recibidas, paso previo a la aprobación definitiva.
«Estamos agotados, cansados. Siempre parece que lo tenemos a tocar y se nos escapa», expone el presidente de la Asociación Administrativa de Cooperación de las Parcelas Iborra, Enric Casasayas. La ejecución de los proyectos permitirá resolver los problemas urbanísticos actuales y poder conectarse a las redes de alcantarillado, de electricidad, de gas y de agua, así como poder disfrutar de aceras. Actualmente, las casas disponen de fosas sépticas.
El ámbito de Parcel·les Iborra comprende un área de 56.995 metros cuadrados de superficie, en los cuales habrá espacio para 136 viviendas. El consistorio aprobó inicialmente el proyecto de urbanización en julio del 2022 y, el de reparcelación, en noviembre, pero todavía no se han introducido los cambios necesarios surgidos de las alegaciones recibidas para hacer la aprobación definitiva. «Ya pasó el plazo de exposición pública y se están incorporando las enmiendas, pero el ritmo es exageradamente lento, más de lo que sería deseable», manifiesta Casasayas sobre un problema que se arrastra desde hace muchos años.
«Vamos hablando periódicamente con el Ayuntamiento y sabemos que se está trabajando aunque su volumen de carga es muy alto», comenta el portavoz. La urbanización de este sector tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de una treintena de núcleos familiares de la zona, donde, aparte de mejorar los servicios, se pavimentarán las calles, se introducirá mobiliario urbano, se harán tres espacios ajardinados y se instalará un buen alumbrado y señalización. «Ahora mismo, la situación es muy complicada y angustiante», señala Casasayas.
El sector urbanístico se vio afectado por la anulación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) del 2013, pero las normas subsidiarias permitieron reprenderlo. Una vez hecha la aprobación definitiva y tramitadas las licencias de obra, empezarán los trabajos. Los vecinos tendrán que asumir el presupuesto de la urbanización, que será más o menos elevado en función de los terrenos en propiedad. En total, la intervención tendrá una duración aproximada de diez meses y un coste de más de 3 millones de euros, de los cuales 230.000 euros les pone el Ayuntamiento.
El proyecto contempla un total de nueve calles, de las cuales cuatro ya existen, aunque no disponen de la anchura suficiente y, por lo tanto, se tendrán que hacer de nuevo. Las aceras estarán al mismo nivel que la calzada para obtener una plataforma única y, así, «darle más protagonismo e importancia a los peatones y a las bicicletas sobre el tránsito rodado», según indica el mismo proyecto.