CUP Tarragona defiende aplicar programas de masovería urbana en la ciudad

La Candidatura de Unidad Popular de Tarragona ha presentado este martes algunas de las propuestas de la formación en materia de vivienda. Las anticapitalistas señalan que la vivienda «es un derecho fundamental» y que para avanzar en garantizarlo «la administración pública es la que tiene que limitar, incidir e intervenir en el libre mercado especulativo».

Eva Miguel, cabeza de lista por Tarragona y actual consejera de Vivienda, quiere seguir desplegando las políticas puestas en marcha durante estos últimos dos años y explorar otros modelos. En este sentido, Miguel habla de seguir comprando vivienda que sea gestionada desde SMHAUSA y fomentando las ayudas en la rehabilitación de pisos «que posteriormente sean destinados a la bolsa de mediación», así como la promoción de vivienda social en suelo público que esté de alquiler. En este sentido, la alcaldable por la CUP también quiere implementar un modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso «así como proyectos grade masoveríanja urbana u otros proyectos comunales o colectivos».

Además, Miguel ha recordado que en Tarragona «ahora mismo hay más oferta de pisos turísticos que de vivienda social», es por eso que la CUP propone una moratoria de pisos turísticos «condicionada a la redacción de un Plan Especial que regule por zonas y esté integrado en el nuevo POUM».

A su vez, Carme Batalla, número 19 de las cupaires, ha explicado que los desahucios no han dejado de producirse a pesar de la recientemente anunciada Ley de la Vivienda estatal. La formación pone de relieve el trabajo hecho por parte del movimiento popular por el derecho a la vivienda con la PAH, el Sindicat d'Arrendataris o el Sindicat d'Habitatge de Tarragona.

Batalla ha explicado que la propuesta de la CUP pasa por exigir el cumplimiento de la Ley 24/2015 y «reforzar los servicios jurídicos del IMMST con el fin de poder hacer un acompañamiento de proximidad tanto a las usuarias y exigir el pago de multas y sanciones económicas a todos los grandes tenedores que no ofrezcan estos alquileres sociales». En este sentido, las anticapitalistas también proponen que el Ayuntamiento tome un rol activo en la suspensión inmediata de los desahucios cuando no haya una alternativa residencial y que esta suspensión «se prolongue hasta que la administración pública pueda realojar dignamente a las personas desahuciadas y en su entorno de arraigo social».