Ratifican la multa de 250.000 euros a FCC por mezclar envases con restos en Tarragona

El Ayuntamiento de Tarragona multará con 250.000 euros a la empresa FCC, encargada del servicio de la basura en la ciudad, para mezclar envases con rechazo. El pleno ha ratificado la sanción en la última sesión antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con 25 votos a favor y las dos abstenciones del PP.

«Es un día triste», ha lamentado el concejal de Limpieza, Jordi Fortuny, quién ha recordado que los hechos tuvieron lugar a finales de febrero en una zona de la ciudad «sensible», ya que es donde se está llevando a cabo una prueba piloto de recogida selectiva. Fortuny considera que las acciones se han hecho con una intención «maliciosa» y que evidencian la necesidad de un nuevo contrato de la basura que vele por un mayor «control» del servicio.

Los hechos se remontan a finales de febrero, cuando los técnicos municipales establecieron un dispositivo de control durante tres noches – 19, 25 y 26 de febrero – para comprobar si las sospechas sobre una posible negligencia en el servicio eran ciertas. «Los recorridos de ciertos camiones no eran razonables», ha detallado Fortuny. El conjunto de pruebas obtenidas durante estas jornadas se recogieron en un informe de más de 100 páginas. «No hay escapatoria posible ante esta documentación», ha subrayado Fortuny, quien recuerda que, incluso, «la empresa reconoció» unos hechos que considera «incontestables».

«Que un camión pase, recoja el gris y que después pase otro camión que viene de hacer gris y recoja los envases, está hecho con toda la mala intención», ha denunciado Fortuny, quien ha defendido la necesidad de un nuevo contrato de la basura que cuente con un control estructural. «Este contrato necesita control. No podemos jugarnos la limpieza de la ciudad al no tener un control efectivo», sentenció.

Exigen «decisiones contundentes»

Durante la sesión plenaria, la concejala de la CUP Eva Miguel ha remarcado que el contrato de la basura, «el más cuantioso y millonario de la ciudad», ha sido fiscalizado, durante muchos años, «por un único técnico del ayuntamiento» . Un equipo de control que se ha ampliado hasta cuatro personas en el último mandato.

Sobre la infracción de la empresa FCC, Miguel ha preguntado en la sala si «ante estos hechos tan graves, se podría hablar de un delito medioambiental» y considera que el Ayuntamiento debería tomar «decisiones contundentes a nivel judicial».