SOCIEDAD
La mayoría de quejas en el sindic de Agravios en Tarragona son por|para políticas sociales
El año pasado se hicieron 20 reclamaciones en el ámbito de la educación, 17 en el de Servicios sociales, 12 en el de salud y 11 en el de infancia y adolescencia
![Imatge d'arxiu d'Esther Giménez-Salinas, que va prendre possessió com a síndica el passat juliol.](https://imagenes.diarimes.com/files/image_large/uploads/2023/11/23/655f842fb58aa.jpeg)
La mayoría de quejas en el Síndic de Greuges de Tarragona son por políticas sociales
Los tarraconenses hicieron llegar hasta 127 quejas al Síndicde Greugesdurante el 2022, 10 menos que el año anterior. Casi la mitad, un 48%, tienen que ver con políticas sociales. Concretamente, se tramitaron 20 reclamaciones relacionadas con el ámbito de la educación, 17 con el de Servicios Sociales, 12 con el de Salud, 11 con el de infancia y adolescencia y 1 detrás por discriminación. Estos datos se desprenden delInforme del Síndicde Greuges de Tarragona 2022 , dónde también se indica que se recibieron 185 consultas por parte de los tarraconenses. Como pasa con las quejas, gran parte de estas (38,4%), son sobre el ámbito social.
En este documento, se explica que, en los últimos años, es habitual que la mayoría de las quejas iniciadas correspondan a posibles vulneraciones de derechos sociales. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, muchas hacen referencia a la persistencia y el aumento de las listas de espera. Por otra parte, con respecto a los servicios sociales, el Síndico ha detectado la necesidad de modificar algunos aspectos de la renta garantizada de ciudadanía para hacer que llegue a más personas en situación de pobreza, incluso a personas con trabajo. Otro aspecto que se destaca en el informe es el hecho de que se han dirigido más mujeres (140) que hombres (99) al Síndicde Greuges.
Además de las 61 reclamaciones del ámbito social, la institución recibió 30 relacionados con políticas territoriales, 22 con la administración y pública y tributs,13 con consumo y 1 con seguridad ciudadana y justicia. Durante el primer semestre del año, Rafael Ribó, fue el encargado de recibir las quejas –como en los 18 años anteriores. El 14 de julio, sin embargo, Esther Giménez-Salinas tomó posesión como nueva síndica, cogiendo al testimonio de Ribó. En el 2022, tuvieron que tramitar 39 quejas y consultas con la administración pública y 21 con la administración local, es decir, el Ayuntamiento de Tarragona. Un 76,2% tenían que ver con políticas territoriales: medio ambiente, urbanismo y movilidad y vivienda.
Quejas con el Ayuntamiento
El número de quejas relacionadas con el consistorio se han reducido notablemente desde el 2020, cuandoel Síndicrecibió 36. Durante el 2022, se pudieron cerrar 38 quejas y actuaciones, algunas de las cuales estaban pendientes de años anteriores. En 11 casos se determinó que no había ninguna irregularidad. Por otra parte, el Síndico redactó 26 resoluciones, en las actuaciones sí se detectó una anomalía, de las cuales 23 fueron aceptadas y las otras 3, sólo parcialmente.
En el informe, se exponen algunas de las resoluciones aceptadas por el Ayuntamiento de Tarragona, como el de enmendar todas las carencias de accesibilidad que se hayan detectado en el TeatreTarragona. Desde el consistorio se respondió que las obras para mejorar este aspecto se tendrían que terminar cuando se lleve a cabo la instalación del ascensor, actuación que se adjudicó el pasado mes de marzo. Desde el Síndicremarcan la importancia de la accesibilidad universal descrita a la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Otras reclamaciones que se resolvieron el año pasado son las del mal estado del camino de acceso en la escuela Joan XXIII de Bonavista, las molestias porlos ruidos en la plaza Corsini o la denuncia de una asociación que compartía con cesión a precario un local municipal cedido a otra entidad, que les hacía pagar. Con respecto a este último reclamo, el 18 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Tarragona aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la cesión temporal de uso de locales de titularidad municipal a entidades sin ánimo de lucro.