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Los sindicatos piden explicaciones por la privatización de la Llar Xaloc de Tarragona
Creen que no se han tenido en cuenta sus derechos y que puede empeorar el servicio a los jóvenes tutelados
UGT y CCOO irrumpieron ayer, por sorpresa, en los servicios territoriales de Tarragona de Derechos Sociales para exigir una reunión con los máximos responsables de la DGAIA y del Departamento, con la intención de pedir explicaciones sobre la externalización de parte del centro de acogida Mare de Déu de la Mercè.
«No nos dieron una respuesta clara sobre cuál es la necesidad de privatizar un servicio público», afirma Joaquim Seisdedos, trabajador del centro y delegado de infancia de UGT. Gracias a la insistencia de los sindicatos, los delegados se encontrarán esta tarde con la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Ester Cabanes, y el secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós.
El centro de acogida La Mercè está dividida en tres centros, la Tramuntana, la Mestral y la Sirocco. Esta última, destinada a acoger niños y jóvenes tutelados de entre 12 y 18 años, es la que ha decidido privatizar a la Generalitat de Catalunya. «No entendemos la decisión de externalizar este servicio», explica Seisdedos. «Faltan recursos adecuados para atender a los niños y a adolescentes con necesidades específicas, como los que sufren enfermedades mentales o discapacitados, y eso hace que se estanquen en el centro», afirma el trabajador de La Mercè.
Esta situación provoca que haya una «sobreocupación». «Hace tiempo que reclamamos equipos de refuerzo con el fin de agilizar la salida de los jóvenes, pero no hemos tenido ninguna contestación a esta demanda hasta abril, cuando se publicó en el DOGC la externalización de la Llar Xaloc», detalla el delegado de UGT. Con este movimiento, los educadores sociales que trabajaban en esta parte del centro se repartirán en los otros dos centros.
Desde los sindicatos creen que, el cambio repentino del equipo de educadores sociales en la Llar Xaloc puede empeorar el servicio a los jóvenes, ya que «los que estamos actualmente ya los conocemos y la relación es más fácil». Por otra parte, los trabajadores creen que no se ha tenido en cuenta sus derechos laborales: «No tenemos garantía que los trabajadores trasladados a los otros centros tendrán plaza fija».
Además, Seisdedos destaca que externalizar este servicio de marzo a diciembre tendrá un coste total de unos 650.000 euros y, por eso, creen que es más conveniente «apostar por contratos de refuerzo, que supondrían 80.000 euros al año». La privatización del centro se hará efectiva el 1 de junio, pero el delegado de UGT pide que «se paralice el proceso de externalización y que haya respuestas adecuadas por parte de los máximos responsables de la DGAIA y el Departamento de Derechos Sociales».