Desarticulada una banda por estafar más de 1 MEUR en créditos fraudulentos

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas de entre 19 y 59 años por haber estafado al menos a 209 víctimas en toda España suplantándoles la identidad. Habrían cometido 629 delitos consiguiendo más de un millón de euros en créditos fraudulentos y compras por internet de productos que después revendían en otras webs. Se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Se han hecho siete cacheos y la operación se ha llevado a cabo a todo el estado, entre otros lugares en Lleida, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat y Olèrdola (Alt Penedès).

Los investigadores descubrieron que había un gran volumen de denuncias por estafa en que los autores estaban utilizando un mismo modus operandi. Los criminales, después de obtener una fotografía del DNI de las víctimas, les suplantaban la identidad y adquirían productos a través de internet financiándolos a nombre de ellas. Posteriormente, cuando recibían los bienes, los revendían a través de aplicaciones y páginas de compra-venta de artículos de segunda mano. Ante la similitud de los hechos delictivos, se creó la operación Ponos y se pusieron en práctica las diligencias de investigación para conseguir averiguar la operativa de los autores y aclarar completamente la identidad para presentarlos ante la justicia.

Se pudo comprobar que los autores falsificaban nóminas y otros documentos que también se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Con eso, consiguieron crear un entramado criminal que afectó al menos a 209 víctimas a quienes creaban deudas con varias entidades de crédito y proveedores de telefonía y de las cuales los autores llegaron a obtener más de un millón de euros.

La Tesorería de la Seguridad Social examinó todas las nóminas y datos personales aportados por los agentes. Gracias a este primer estudio, esta administración utilizó los mismos parámetros y consiguió identificar a un número superior de afectados de los que existían al principio, aclarando que el número total de víctimas ascendía a 209. Los afectados residían en todo el Estado: Barcelona, Lérida, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Zaragoza, Teruel, Canarias, Madrid, Cantabria, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Vizcaya, la Coruña y Gijón.

Igualmente, se diseñó un dispositivo conjunto que permitió aclarar la identidad de los componentes del grupo criminal y la sede operativa. Así se pudo verificar que el grupo tenía células operativas regionales en otros lugares de España como Barcelona, Tarragona, Valencia y Huelva. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos para obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.

Para la explotación de la operación se realizaron un total de siete cacheos en domicilios y uno en un establecimiento en l'Hospitalet de Llobregat, Sant Pere Molanta (Olèrdola, Alt Penedès) y en las localidades valencianas de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet o Valencia ciudad. Casi un centenar de agentes de la Guardia Civil fueron movilizados para hacer estos cacheos. Se pudo decomisar diversa documentación que acreditaba la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que adquirían con los créditos que pedían a nombre de las víctimas y que todavía no habían vendido. Durante los registros también confiscaron 10 kilos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión.

Gracias a estos cacheos también se pudo averiguar que los máximos responsables de las diferentes células regionales tenían jefes que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las comunidades autónomas para intentar dificultar la tarea policial. Los componentes de la organización cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y utilizaron más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y cometer los delitos.

Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro, que además falsificaba también recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción médica, intentó huir, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Fue detenido cuando se encontraba en un vehículo robado en 2022 y que se pudo recuperar.